La CNEP y la Universidad Adolfo Ibáñez presentaron un análisis que confirma un alza en las obligaciones ambientales de los proyectos de inversión, atribuida a la aplicación más rigurosa de la normativa vigente y a compromisos voluntarios de las empresas. Se detectó que proyectos de inversión enfrentan 176% más de exigencias ambientales en la última década.
En el seminario “Regulación ambiental en Chile, ¿Qué dice la evidencia para potenciar la inversión?”, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) junto con la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, dieron a conocer los resultados de una investigación inédita que cuantifica la carga regulatoria ambiental que enfrentan los proyectos de inversión en Chile.
La investigación, que guiada por expertos en informática utilizó inteligencia artificial para analizar 1.336 Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de proyectos mineros y energéticos aprobados entre 2015 y 2024, reveló un aumento significativo de las obligaciones ambientales: de un promedio de 90 en 2015 a 250 en 2024, con un alza de 176% en diez años.
El director jurídico de la CNEP, Cristian Romero, explicó que el objetivo del ejercicio fue establecer una base de evidencia clara sobre la calidad de la regulación. “Queríamos entender cuántas obligaciones impone la regulación ambiental y cómo han ido evolucionando. Minería es el sector que más ha aumentado relativamente sus obligaciones, pero energía también lo ha hecho en un 150%. En promedio, tres de cada cinco exigencias tienen un sustento normativo explícito, mientras que otras se originan en compromisos voluntarios o condiciones caso a caso”, afirmó.
Medidas de mitigación a todo evento
El estudio muestra que el alza no obedece a nuevas normativas, sino a una aplicación más intensiva del marco ya existente, así como al crecimiento de compromisos voluntarios asumidos por las empresas. De las 146 normas detectadas como fuente de obligaciones, solo un 3,6% corresponde a disposiciones posteriores a 2015.
Entre las más citadas se encuentran el Código Sanitario, de carácter transversal, y los permisos vinculados a gestión de residuos, riesgos sanitarios, subdivisión de suelos rurales y resguardo del patrimonio arqueológico y paleontológico.
La directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, destacó que el análisis visibiliza la diversidad de obligaciones impuestas en los proyectos. “El estudio no distingue la envergadura de cada una de esas obligaciones, que son muy heterogéneas. Algunas corresponden a medidas de mitigación o compensación que son compromisos voluntarios. Lo relevante es que los impactos significativos deben ser mitigados o reparados en todas las fases de la vida de un proyecto, y los titulares deben hacerse cargo de ello. Además, la participación ciudadana temprana puede ser clave para viabilizar las iniciativas productivas”, señaló.
Otro hallazgo del estudio es que el 84% de las obligaciones identificadas corresponde a medidas de medios -que no solo fijan el objetivo, sino también el procedimiento para cumplirlo- y un 16% a medidas de resultado. Esto significa que la regulación ambiental chilena se centra en definir cómo deben ejecutarse las acciones, lo que facilita la fiscalización, pero incrementa la rigidez y la carga administrativa.
Impacto transversal
Gabriel Weintraub, académico de la Universidad de Stanford y especialista en inteligencia artificial, valoró el alcance del trabajo. “Una de las fortalezas de la IA generativa es transformar documentos poco estructurados en datos valiosos. En este caso, logramos convertir las RCA en información estandarizada y comparable en el tiempo. Se trata de un estudio pionero en América Latina y probablemente a nivel mundial”, indicó.
En tanto, Marcos Kulka, gerente general de H2 Chile, advirtió sobre los efectos de la complejidad regulatoria en el contexto de la transición energética. “Este estudio ayuda a dimensionar la sensibilidad de ciertos temas. Chile tiene un rol clave en el desarrollo del hidrógeno verde, pero los proyectos enfrentan cargas ambientales excesivas que retrasan su implementación y encarecen su desarrollo”, comentó.
Finalmente, Romero precisó que el aumento de exigencias tiene impactos diferenciados según la escala de los proyectos. Mientras las iniciativas menores a US$10 millones pasaron de 62 obligaciones en 2015 a 200 en 2024 (223% más), los proyectos sobre US$100 millones subieron de 138 a 301 exigencias (118% más). “Hoy la carga regulatoria se homogeneizó en niveles altos para todos, pero el salto proporcional fue mayor en los proyectos pequeños”, puntualizó. Con estos resultados, la CNEP entrega por primera vez un panorama trazable y auditable sobre la evolución de la carga regulatoria ambiental en el país, ofreciendo evidencia objetiva para enriquecer la discusión sobre la calidad de las regulaciones y su impacto en la inversión.
