La experta legal Paulina Sandoval alertó que la iniciativa mantiene una estructura institucional similar al Consejo de Monumentos Nacionales, lo que —a su juicio— impide modernizar la gestión del patrimonio en el país.
Mediante una columna de opinión publicada en Ex – Ante, la abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), Paulina Sandoval, advirtió que el proyecto de ley sobre Patrimonio Cultural, actualmente en tramitación en el Senado, representa una oportunidad clave para modernizar la protección del patrimonio en el país, pero mantiene una estructura institucional que podría reproducir los mismos problemas que busca corregir.
“El proyecto es un paso necesario para actualizar el sistema y hacerlo más eficiente en el uso de recursos públicos y privados, pero al mantener un consejo resolutivo con una configuración similar al actual Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), se deja un verdadero elefante en la cristalería”, afirmó Sandoval.
Según la especialista, si bien la iniciativa introduce mejoras —como enfocar las autorizaciones arqueológicas en órganos regionales y definir por ley los períodos históricos de protección—, no aborda de fondo la necesidad de un cambio institucional. “El CMN fue creado hace más de 50 años, en un contexto completamente distinto. Hoy contamos con organismos especializados en la materia, como el Ministerio de las Culturas y el Servicio Nacional del Patrimonio, por lo que mantener un consejo resolutivo como el de 1970 no tiene justificación”, sostuvo.
Al respecto, Sandoval planteó que el nuevo Consejo de los Patrimonios Culturales, que reemplazaría al actual CMN, debiera tener un carácter consultivo y técnico, integrado por especialistas que emitan opiniones basadas en evidencia científica. “Chile podría avanzar hacia un modelo similar al del Comité Científico Asesor en materia de cambio climático, donde se prioriza la visión experta por sobre la representación corporativa”, explicó.
Construir una institucionalidad moderna
La abogada también cuestionó la idea de incluir representantes de colegios profesionales o gremios productivos en el futuro consejo. “La protección del patrimonio no puede depender de quienes tienen intereses legítimos, pero particulares. Las decisiones de política pública deben recaer en órganos del Estado con mandato de velar por el bien común”, enfatizó.
En su análisis, Sandoval subrayó que el proyecto no establece principios claros para resolver conflictos entre la protección del patrimonio y otros intereses de política pública. “Es la ley la que debe definir los criterios de protección y las excepciones posibles. Sin reglas claras, se seguirá judicializando lo que debería resolverse mediante una política coherente”, advirtió.
Finalmente, hizo un llamado a aprovechar esta discusión legislativa para construir una institucionalidad moderna y equilibrada: “tenemos la oportunidad de diseñar un sistema que combine la protección del patrimonio con el desarrollo sostenible del país. Pero si no abordamos los puntos críticos, seguiremos con un modelo obsoleto y poco eficiente”, aseguró la abogada de la UC.
