La economista y directora del Centro de Estudios Financieros (CEF) del ESE Business School de la Universidad de los Andes advirtió que el actual ciclo alcista del cobre podría transformarse en un riesgo fiscal si se traducía en gasto permanente y abandono de la agenda de productividad. Llamó a reforzar la disciplina fiscal, ahorrar ingresos extraordinarios y evitar repetir errores del pasado.
Cochilco ha proyectado para este año un precio alto para el cobre: US$4,95/lb. Mientras, hay peak sobre los US$6/lb. ¿Razones? La transición energética global y la creciente demanda por minerales estratégicos, entre otros aspectos.
Ante este escenario, en entrevista con El Periodista, la economista Cecilia Cifuentes planteó una advertencia clara: confundir un ciclo favorable con un cambio estructural podría tener consecuencias profundas para la economía chilena y para la sostenibilidad fiscal asociada al sector minero.
Cifuentes, quien además se desempeña como directora del Centro de Estudios Financieros (CEF) del ESE Business School de la Universidad de los Andes, sostuvo que el principal desafío no estaba en aprovechar los mayores ingresos que generaba la minería, sino en administrarlos con prudencia y visión de largo plazo.
En la entrevista, la economista subrayó que la experiencia histórica demostraba que las bonanzas del cobre tendían a ser transitorias. “El error sería tratar esta bonanza como un fenómeno permanente”, señaló, advirtiendo que ello solía derivar en una relajación de la disciplina fiscal y en la expansión de compromisos de gasto difíciles de sostener cuando el ciclo se revertía.
Desde una mirada social y política, la economista advirtió que una bonanza mal gestionada podría elevar expectativas a un ritmo que la economía no podía sostener en el largo plazo. Al revertirse el ciclo, las demandas permanecían, pero los recursos disminuían, generando frustración social, tensión fiscal y mayor conflictividad.
“El error que no podía repetirse —concluyó— era permitir que una bonanza transitoria desplazara la agenda de crecimiento estructural del país.”
Al analizar el boom del cobre entre 2003 y 2012, Cifuentes reconoció avances relevantes en materia de ahorro fiscal, facilitados por la regla de balance estructural. Sin embargo, también identificó distorsiones importantes, como las sucesivas revisiones al alza del precio de largo plazo del cobre, que generaron holguras fiscales utilizadas para financiar gasto permanente. A ello se sumó un aumento sostenido de los costos de producción, elemento que —advirtió— no era considerado plenamente en la regla fiscal y que terminó erosionando los beneficios reales del auge.
En paralelo, observó que la política pública fue desplazando su foco desde la productividad y el crecimiento hacia una expansión del gasto social, debilitando el crecimiento tendencial y elevando compromisos fiscales estructurales. Cuando el precio del cobre volvió a niveles más normales, añadió, el espacio fiscal ya estaba significativamente más restringido.
De cara al escenario actual, Cifuentes planteó que los mayores ingresos asociados al cobre debían destinarse prioritariamente al ahorro fiscal, la reconstrucción de activos financieros y, cuando correspondiera, a la reducción de deuda pública. En materia de gasto, sostuvo que este debía enfocarse en iniciativas que fortalecieran el crecimiento de mediano plazo, como la inversión en capital humano, mejoras en la productividad del Estado y reformas institucionales que destrabaran la inversión, particularmente en el sector minero.
