El empleo público sube al debate respecto de lo que el Gobierno ha calificado como “crisis laboral”. Expertos advierten falencias estructurales en el funcionamiento del Estado, donde ni el propio aparataje estatal tiene una noción de cuántas personas emplea.
Con ello, aseguran que para un mayor crecimiento se necesita una reforma constitucional en esta materia.
Entre las propuestas, se planteó avanzar hacia una carrera funcionaria unificada, limitar los cargos de confianza y reformar la Alta Dirección Pública (ADP).
Empleo público en la mira
Hace una semana, en una entrevista, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ventiló que el Ejecutivo prepara un plan de empleo considerando los problemas estructurales que enfrenta este indicador y lo que ellos mismos denominan como una “crisis”.
En esa línea se sabe que implicaría cambios a las 40 horas, cambios a la ley Karin; en paralelo la Sala Cuna inició hoy su discusión tras las nueva sindicaciones del Gobierno.
Pero del mundo técnico hay otra mirada: El crecimiento y la inversión no se logran sin una reforma al empleo público.
Hoy en el exCongreso se realizó un seminario donde se hizo un diagnóstico y se plantearon propuestas para el empleo público.
María José Abud, directora Ejecutiva del Centro de Estudios Horizontal, dijo que el Estado ni siquiera tiene noción de cuántos empleados públicos existen, lo que es desafiante a nivel municipal debido a la diferencia que se hace en el conteo respecto al Gobierno Central.
“Desde el 2017, el empleo público crece más rápido que el privado. Si vemos la tasa de crecimiento -desde esa fecha- hasta diciembre del 2025, ha crecido un 36% versus un 14% del privado”, senteció.
Propuestas
Los expertos proponen un régimen unificado de la carrera funcionaria, diferenciada de asesores de Gobierno y que estos tengan cupos limitados y que expiran con el Gobierno
Así, resuena también una reforma al sistema de Alta Dirección Pública, para que funcione más como órgano colegiado.
José Antonio Valenzuela, director Ejecutivo Centro de Incidencia Pivotes, expuso que el Estatuto Administrativo del Estado se ha mantenido casi sin cambios a través del tiempo y se refirió a las cifras de hoy y que escapan de lo que permite el marco legal.
“Solo un máximo del 20% de los funcionarios en el Estado pueden pertenecer a funcionarios de contrata, y sin embargo, llegamos a alrededor de un 60%”, destacó.
¿Por qué pasa eso? Porque hay un espacio que permite, vía ley de Presupuesto, aumentar la dotación funcionaria, lo que ha abierto un espacio a la discrecionalidad según dicen los expertos.
Hoy, el 13% de los ocupados en Chile son funcionarios públicos, mientras que en 2023, el 7,1% del PIB eran sueldos.
