En un contexto del desempleo en máximos de cinco años y una informalidad que no da tregua, el Ejecutivo ha anunciado una serie de medidas para el sector del empleo, no exentas de cuestionamientos o críticas.
Ejemplo de ello son el análisis a la implementación de las 40 Horas; la indemnización a todo evento o el modelo de financiamiento para la Sala Cuna Universal.
A la par, la Mesa de Reactivación Laboral, integrada por ocho expertos del ámbito económico y de políticas laborales, entregó 22 propuestas divididas en cinco ejes, las cuales podrán ser analizadas por el Gobierno para sus propias políticas.
Las ideas de la Mesa de Reactivación Laboral para reformas al empleo
Dentro de lo relacionado a la regulación laboral, el grupo consideró que existen cinco aspectos que operan como “trabas o costos asociados al empleo formal”: la distribución del tiempo de trabajo, la protección frente a shocks, costos de despido, la definición contractual de funciones y la certeza jurídica en el término de los contratos.
Y para ello, lanzaron ideas como la extensión del periodo de referencia para el cálculo del promedio de la jornada ordinaria de cuatro hasta 15 o incluso 52 semanas, manteniendo el techo actual del Código del Trabajo en 52 horas semanales si se suman horas ordinarias y extraordinarias.
Otras tratan sobre una posible reducción temporal de jornada en episodios de shocks económicos o la evaluación rigurosa de la eliminación gradual de la indemnización por años de servicio y su reemplazo por una indemnización a todo evento.
A nivel general, las propuestas se estructuraron bajo cinco grandes temas: primero, las “estructurales para incrementar el empleo femenino, considerando el ciclo de cuidados”; segundo, sobre “subsidios al empleo, jóvenes y formalidad”; tercero sobre “capacitación laboral, y el sistema de desarrollo continuo de habilidades productivas”; cuarto en lo relacionado a la “regulación laboral con impacto en empleo”, y en quinto puesto las propuestas en línea con la “información sobre el mercado laboral”.
De cuatro a 15 o incluso 52 semanas para el promedio de horas
En el punto cuatro, la primera propuesta deslizada por la Mesa apunta a pasar de un período de referencia para el cálculo del promedio de la jornada ordinaria desde las cuatro semanas actuales hacia un período de 15 semanas, como es el promedio de los países de la OECD, e incluso podría ser hasta las 52 semanas -como el caso de Alemania, Suecia y Países Bajos-.
Todo con un techo absoluto de 52 horas semanales, sumando horas ordinarias y extraordinarias, como se contempla en el artículo 31 del Código del Trabajo.
“Se recomienda que esta norma se aplique también a los contratos especiales (como personal aeronáutico, artistas u otros) y a los sistemas excepcionales de distribución de jornada (por ejemplo, el caso de faenas mineras, forestales u otras)”, se explica en el informe.
En su análisis, la Mesa recordó que la ley de 40 Horas efectivamente reducirá la jornada semanal a estándares de la OECD donde la jornada legal promedia las 41 horas y el máximo semanal entorno a 51 horas si se suman posibles horas extra.
Sin embargo, el período de cálculo promedio -sin posibilidad de extensión- fue calificado como “el más restrictivo entre los 20 países de la OECD que cuentan con mecanismos de distribución horaria”, donde el 75% de esas economías permite extensiones hasta 52 semanas en casos de negociación colectiva.
“A esta limitación se suma el artículo 22 bis del Código del Trabajo, que impone un tope de 45 horas ordinarias semanales y prohíbe mantener ese nivel por más de dos semanas consecutivas dentro del período de cálculo del promedio, una restricción sin equivalente en la mayoría de economías comparada”, añadieron.
Además, sostuvieron que con “un ejercicio numérico simple” para una actividad con 12 semanas ‘peak’ al año, pasar a un período de referencia de 52 semanas “reduciría el costo laboral anual en un 9,4%, con el esperable aumento de la demanda por trabajo asociado”.
Otra recomendación es establecer un mecanismo que permita reducir la jornada temporalmente en caso de shocks económicos que deberán ser definidos por ley.
En estos casos, las empresas podrán pactar una rebaja horaria efectiva, donde el empleador pagará las horas efectivas trabajadas y el resto se compensará parcial o totalmente mediante el Seguro de Cesantía, “garantizando la estabilidad de los ingresos del trabajador”. A su vez, los trabajadores cubiertos bajo este pacto no podrán ser despedidos por necesidades de la empresa durante la vigencia del mismo.
Indemnización a todo evento y polifuncionalidad
La lista de propuestas sigue con la simplificación en la autorización y renovación de jornadas excepcionales en sectores con operación ininterrumpida, como las mineras, centros de datos y transporte público, dada que la naturaleza de estos trabajos “hace inviable la aplicación de la jornada ordinaria”.
Y luego, la Mesa de Reactivación Laboral anotó algo que desde el Ejecutivo ya adelantaron, la evaluación “rigurosa” de la eliminación gradual de la indemnización por años de servicio y su reemplazo por indemnización a todo evento, lo que aplicaría solo a nuevos contratos y se financiaría con una cotización adicional al Seguro de Cesantía.
También los expertos sostuvieron que se debería “fortalecer la polifuncionalidad ya establecida en el Código del Trabajo”, asegurando que interpretaciones de la Dirección del Trabajo (DT) y fallos judiciales “distorsionaron el espíritu de la norma. Para ello, se propone ajustar el artículo 10 N°103 para que ambas partes pacten dos o más funciones, “sean estas alternativas o complementarias”.
Y otra de las propuestas bajo este eje apunta a explicitar que las “necesidades de la empresa” son “cambios en la organización tanto interna como externa, y que incluyen aspectos como los cierres de establecimientos, bajas sostenidas en las ventas o en la producción, entre otras, que hagan necesaria la desvinculación del trabajador”.
“Asimismo, se propone reponer en el mismo inciso 1° del artículo 161 del Código del Trabajo la “falta de adecuación del trabajador o trabajadora” como parte de dicha causal de despido”, agregó el Informe.
