El 93% de las reclamaciones ante los Tribunales Ambientales analizadas por la fundación fue presentada por terceros y no por los titulares de las iniciativas. Además, en el 65% de los casos se confirmó una RCA favorable y solo en el 15%, esta terminó siendo anulada.
La judicialización de proyectos de inversión está agregando nuevos plazos a iniciativas que ya completaron parte importante de su evaluación ambiental. Según datos de la fundación Pivotes, los procesos administrativos y judiciales posteriores a la evaluación pueden sumar, en promedio, hasta cuatro años y dos meses adicionales a la tramitación de un proyecto.
Las cifras muestran que el fenómeno ha adquirido mayor relevancia. Durante el primer semestre de 2026, los Tribunales Ambientales registraron un récord de 32 reclamaciones declaradas admisibles, la cifra más alta desde el inicio de sus operaciones. De acuerdo con el monitoreo de la CPC, actualmente existen 67 causas en tramitación, asociadas a 59 proyectos que representan inversiones por US$10.655 millones.
Un informe de Sofofa, en tanto, identificó 244 proyectos judicializados entre 2013 y 2026 y estimó que las iniciativas permanecen cerca de un año y medio, en promedio, en Tribunales Ambientales. Estos proyectos concentran alrededor del 14% de la inversión y el 13% del empleo asociado a iniciativas en el sistema.
El análisis realizado por Pivotes muestra además que el 93% de las reclamaciones ante los Tribunales Ambientales fue presentado por terceros y no por los titulares de los proyectos.
Controversias abiertas por años
En declaraciones publicadas en El Periodista, el director ejecutivo de Pivotes, José Antonio Valenzuela, sostuvo que el problema está en que controversias que podrían resolverse anticipadamente permanecen abiertas durante años. “Cuando el propio diseño permite que aspectos que debieran quedar zanjados al inicio se sigan discutiendo durante años en sede administrativa y judicial, la litigación deja de ser una herramienta excepcional de corrección y se transforma en una etapa más -previsible- del ciclo de un proyecto”, señaló.
Pese a los plazos asociados a estos procesos, la mayoría de las decisiones ambientales termina manteniéndose. Según Pivotes, el 65% de los casos analizados en los Tribunales Ambientales confirmó una RCA favorable, mientras que solo el 15% terminó anulándola. En la Corte Suprema, apenas el 6% de las casaciones logró dejar sin efecto una aprobación favorable.
“Es, probablemente, el dato más revelador de todo el diagnóstico. La inmensa mayoría de las veces, la justicia termina validando la decisión técnica que ya había tomado la autoridad ambiental”, afirmó Valenzuela a El Periodista.
Para Pivotes, enfrentar este escenario no implica reducir los estándares ambientales ni restringir el acceso a la justicia. La propuesta apunta a fortalecer la participación temprana, el rigor técnico y la resolución de controversias en etapas anteriores, evitando que conflictos que podrían abordarse anticipadamente terminen prolongándose durante años en tribunales.
