Ronald Guzmán sostiene que Chile puede elevar sus exigencias ambientales y, al mismo tiempo, reducir la incertidumbre que afecta la inversión, mediante estándares técnicos claros, mayor madurez de los proyectos y monitoreo permanente.
Con posterioridad a la obtención de la aprobación ambiental (RCA), la judicialización de proyectos de inversión se ha transformado en uno factor que afecta la competitividad de la minería chilena, en un escenario marcado por el envejecimiento de los yacimientos, leyes decrecientes y una mayor complejidad en las etapas de extracción y procesamiento. Así lo plantea Ronald Guzmán, académico de minería de la UDD, en una columna publicada por Portal Minero, donde advierte que la capacidad del país para materializar la cartera de inversiones mineras dependerá no solo de factores como la geología o el precio del cobre, sino también de la capacidad institucional para transformar los proyectos evaluados en obras concretas.
El diagnóstico adquiere especial relevancia considerando que, según las cifras de Cochilco citadas por Guzmán, la cartera de inversión minera proyectada supera los US$ 104 mil millones para la próxima década. Sin embargo, el especialista advierte que la judicialización introduce niveles de incertidumbre que pueden terminar postergando o dificultando la materialización de estas inversiones.
De acuerdo con cifras de la CPC mencionadas en su análisis, desde la creación de los tribunales ambientales se han judicializado 199 proyectos de inversión por un monto comprometido de US$57.536 millones, concentrándose la mayor parte de los casos en los sectores minero y energético. A esto se suma el impacto sobre los plazos. Guzmán cita informes de Pivotes según los cuales los procesos de judicialización agregan, en promedio, más de cuatro años a proyectos que ya contaban con una resolución favorable.
El análisis también señala que una parte importante de estos procesos termina confirmando la decisión administrativa original: el 64% de las sentencias de los tribunales ambientales ratifica la resolución impugnada, porcentaje que alcanza el 76% en la Corte Suprema. Para el especialista, estas cifras evidencian que el problema no está únicamente en la duración de los procedimientos, sino también en la incertidumbre que genera la posibilidad de volver a discutir aspectos técnicos que ya fueron evaluados y resueltos.
Necesarias distinciones
Guzmán plantea en su columna que es necesario distinguir entre la demora asociada a la gestión pública y la incertidumbre derivada de la judicialización. Mientras el primer problema puede abordarse mediante medidas destinadas a evitar duplicidades y asegurar el cumplimiento de los plazos de los permisos (ámbito en el que se inscribe la reciente Ley N° 21.770 de Autorizaciones Sectoriales), el segundo requiere una revisión más profunda de cómo se incorporan la ingeniería y las ciencias al proceso de evaluación ambiental.
Su propuesta se estructura en estos ejes:
- Evaluación por estándares ex ante: Definir normas técnicas públicas y medibles (efluentes, estabilidad de relaves, emisiones) para eliminar la discrecionalidad interpretativa en la evaluación caso a caso. Guzmán advirtió que «la discrecionalidad interpretativa es la principal fábrica de litigios: cada criterio que se define en el expediente, en lugar de estar definido en una norma, constituye una puerta de impugnación».
- Ingeniería temprana robusta: Ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) con niveles de madurez FEL 2–FEL 3, líneas de base plurianuales y modelamiento predictivo de los aspectos críticos para reducir adendas y acortar la evaluación.
- Monitoreo continuo y transparente: Implementar el seguimiento en línea de variables críticas con datos abiertos a la comunidad y a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Según el académico, mediante este esquema «la exigencia ambiental se eleva, porque el cumplimiento se observa en tiempo real y no en informes anuales; y la confianza social aumenta, lo que desactiva los conflictos antes de que escalen a tribunales».
- Gestión adaptativa reglada en la RCA: Diseñar autorizaciones ambientales con condiciones de desempeño y protocolos de ajuste predefinidos ante desviaciones, evitando reabrir la evaluación completa del proyecto. Esto permite mayor rigor en la faena con total certeza jurídica en el permiso.
