Cesco advierte sobre la judicialización ambiental: “Los grandes proyectos mineros necesitan condiciones razonables de certeza para avanzar”

El director ejecutivo de Cesco, Jorge Cantallopts, alertó sobre los efectos de la extensión de los procesos judiciales en la materialización de inversiones mineras. Aunque reconoció que el acceso a la justicia ambiental es una garantía fundamental, planteó la necesidad de mejorar la eficiencia institucional, fortalecer las evaluaciones técnicas y entregar mayor certeza regulatoria al sector.

La judicialización de proyectos de inversión se ha convertido en un factor de incertidumbre para el desarrollo de la minería en Chile. Los procesos ante los Tribunales Ambientales pueden extenderse entre tres y cuatro años, pese a que cerca del 80% de las resoluciones originales termina siendo confirmado. Un escenario que genera preocupación en el sector, considerando los montos de capital involucrados y la necesidad de sostener la capacidad productiva del país.

Según un análisis de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), durante el primer semestre de 2026 los Tribunales Ambientales registraron 32 reclamaciones declaradas admisibles, mientras que las causas en tramitación involucran proyectos por US$10.655 millones.

En una entrevista con El Periodista, Jorge Cantallopts, director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), sostuvo que esta tendencia requiere atención. “La creciente judicialización de proyectos de inversión es una señal que debemos analizar con preocupación, especialmente porque introduce incertidumbre en decisiones que involucran grandes montos de capital y horizontes de inversión muy prolongados”, sostuvo.

Precisó que el acceso a la justicia ambiental debe resguardarse como parte fundamental de la institucionalidad, pero advirtió que también es necesario evaluar la capacidad del sistema para resolver las controversias oportunamente. “Es importante reconocer que el acceso a la justicia ambiental constituye una garantía fundamental de nuestra institucionalidad y esta debe ser capaz de proteger adecuadamente el medioambiente. Sin embargo, también debemos preguntarnos si el funcionamiento del sistema está permitiendo resolver las controversias dentro de plazos razonables”, señaló.

Efectos sobre las decisiones de inversión

Uno de los principales impactos de la prolongación de los procesos judiciales, explicó Cantallopts, es que la incertidumbre no se limita a la definición jurídica de los proyectos, sino que puede repercutir directamente en su desarrollo.

Cuando los procedimientos se extienden, pueden verse afectadas las decisiones de financiamiento, los cronogramas de construcción y las oportunidades económicas asociadas a las iniciativas. No obstante, el director ejecutivo de Cesco hizo una distinción respecto de las cifras de inversión involucradas en las causas judiciales.

En ese sentido, enfatizó que “sería incorrecto interpretar la totalidad de esos montos como inversiones perdidas”, ya que se trata de proyectos cuya materialización puede quedar condicionada por los resultados y plazos de los procesos.

Respecto de la posibilidad de que los US$10.655 millones involucrados sigan aumentando, Cantallopts indicó que es un escenario posible si se mantiene el crecimiento en el ingreso de reclamaciones y no mejoran los tiempos de resolución. “Hay que considerar que los grandes proyectos mineros requieren inversiones significativas, comprometen recursos durante períodos prolongados y necesitan condiciones razonables de certeza para avanzar”, afirmó.

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Eficiencia institucional y certeza jurídica

El hecho de que cerca del 80% de las resoluciones ambientales originales termine siendo confirmado después de procesos judiciales que pueden durar entre tres y cuatro años constituye, a juicio de Cantallopts, un antecedente que amerita revisar el funcionamiento del sistema.

“Si efectivamente estamos observando que cerca del 80% de las resoluciones ambientales originales terminan siendo confirmadas después de procesos judiciales que pueden extenderse por tres o cuatro años, tenemos una situación que merece una revisión profunda desde el punto de vista de la eficiencia institucional”, planteó.

En la entrevista con El Periodista aclaró que esta evaluación no supone restringir el derecho de las personas y comunidades a recurrir a los tribunales, sino avanzar hacia mecanismos que permitan compatibilizar las garantías ambientales con tiempos de resolución adecuados.

“Por eso, creo que debemos avanzar en fortalecer la calidad técnica de las evaluaciones, mejorar los mecanismos de resolución de controversias y asegurar que los tribunales cuenten con las capacidades necesarias para resolver dentro de plazos razonables”, agregó.

Inversión minera en un escenario de menor producción

La preocupación por la judicialización coincide con un escenario desafiante para la minería chilena. Entre enero y septiembre, la producción nacional de cobre de mina alcanzó 3,63 millones de toneladas de cobre fino, frente a los 3,97 millones registrados en igual período de 2025, de acuerdo con cifras de Cochilco.

Para Cantallopts, esta disminución debe analizarse considerando tanto las dificultades operacionales específicas como los factores estructurales que afectan a la industria. Entre ellos mencionó las menores leyes de los minerales, el envejecimiento de los yacimientos, los retrasos en proyectos y la creciente complejidad de las operaciones.

El desafío de materializar la cartera de inversiones

Chile cuenta con una cartera de inversión minera proyectada en más de US$104.500 millones para el período 2025-2034, una cifra que refleja el potencial del país para desarrollar nuevos proyectos y mantener su capacidad productiva. Sin embargo, Cantallopts llamó a distinguir entre los montos anunciados y las inversiones que efectivamente llegarán a concretarse. “Una cartera de inversión no equivale a inversiones aseguradas. Los proyectos se encuentran en distintas etapas de desarrollo, con diferentes niveles de madurez y condiciones pendientes para su materialización”, explicó.

En esa línea, sostuvo que el desafío para Chile no consiste únicamente en contar con una cartera robusta, sino en generar las condiciones necesarias para que las iniciativas puedan avanzar.

Desde Cesco, indicó, las propuestas apuntan a fortalecer la exploración, mejorar la coordinación institucional, avanzar en mayor certeza regulatoria y promover condiciones que permitan atraer nuevos capitales.