GEM advierte: inversiones aprobadas ambientalmente pueden tardar hasta cuatro años en materializarse

El CEO de GEM Mining Consulting, Juan Ignacio Guzmán, sostiene que la judicialización de proyectos con aprobación ambiental es una mala señal para los inversionistas. Propone que reclamar tenga un costo de entrada, que el Estado arbitre con plazos entre comunidades y empresas, y concentrar los cerca de 500 permisos actuales en tres grandes evaluaciones: ambiental, social y técnica.

Obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) no marca el fin del camino para un proyecto minero en Chile. Así lo plantea Juan Ignacio Guzmán, CEO de GEM Mining Consulting, quien distingue entre la permisología previa a la aprobación ambiental y lo que ocurre después de ella. “Hoy día un proyecto minero puede tardar tres, cuatro años en desarrollarse hasta la aprobación, y de ahí, desde la aprobación en adelante, puede tardar otros tres o cuatro años en materializarse”, explica.

Según Guzmán, esa etapa posterior depende de los permisos sectoriales, pero también de “la capacidad que tiene la empresa de ejecutar el proyecto” y de la oposición que pueda existir “de la comunidad o de algunos grupos de interés en contra del proyecto”.

Para Guzmán, el problema no se limita a los plazos, sino también a la cantidad de exigencias. Según explica, los compromisos ambientales asociados a la RCA de los proyectos mineros pasaron de alrededor de 150 en 2015 a prácticamente 240 en 2024. De ellos, aproximadamente un tercio corresponde a compromisos voluntarios y dos tercios a compromisos adquiridos por exigencia de la autoridad.

“Ese número de compromisos refleja la complejidad del problema y la complejidad al final del día se traduce no solo en mayor tiempo, sino que en mayor costo e ineficiencia para competir alrededor del mundo”, afirma.

Guzmán ha estudiado los sobrecostos y retrasos en la industria. En el artículo “Deconstructing cost overrun and delay in mining projects: A system-based model of prices, quantities, and time”, publicado en 2025 en la revista Resources Policy junto a Patricio Faúndez, analizó 256 observaciones de 202 proyectos mineros en seis continentes, evaluados entre 1994 y 2020. El estudio separa los sobrecostos de capital en un componente asociado a precios y otro a cantidades, y los vincula con los retrasos de los proyectos.

Consultado por el impacto económico, Guzmán señala que en el cobre a nivel global el sobrecosto promedio de los proyectos es de alrededor de un 30%, y que Chile está “más o menos en ese número”. Según su estimación, cerca de la mitad de ese monto podría atribuirse a la complejidad ambiental o a la ineficiencia de la permisología.

Judicialización: cuestionamiento al diseño institucional

Guzmán advierte que la posibilidad de que un proyecto aprobado siga en disputa durante años afecta directamente la confianza de quienes invierten. “La señal del inversionista nunca es buena cuando ve que en realidad las instituciones no son garantía a la inversión”, sostiene.

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Si bien reconoce que la judicialización posterior a la aprobación podría considerarse parte de la institucionalidad, cuestiona su diseño actual: “Cuando la institucionalidad abre puertas gratis, que no tienen costo para el que eventualmente pida abrirlas, efectivamente no cuesta mucho abrir puertas y tratar de buscar beneficios”.

Su propuesta no es cerrar esa vía, sino que ingresar a ella tenga un costo, “de tal manera que solamente en aquellos casos donde exista una clara posición legal a favor de los que están solicitando la postergación o anulación del permiso, se pueda llevar a cabo”.

Sobre cómo equilibrar el derecho de las comunidades y de terceros a reclamar, Guzmán plantea que “la mejor forma es que el Estado arbitre”. A su juicio, hoy el Estado generalmente queda fuera de los procesos de negociación y no fija plazos para que se lleven a cabo.

Como referencia, menciona que en otros países se da a la comunidad y a la empresa un plazo de seis meses para alcanzar acuerdos. Si no lo logran, se aplica una regla predefinida; por ejemplo, que la comunidad reciba el 1% del royalty de las ventas. “Entonces hay un incentivo que la comunidad y la empresa se pongan de acuerdo, pero si no hay acuerdo el Estado interviene”, explica.

“Yo creo que a Chile le ha faltado peso político en términos de la participación del Estado en la problemática”, agrega.

De casi 500 permisos a tres evaluaciones

Para que la Resolución de Calificación Ambiental vuelva a ser una señal confiable para invertir, Guzmán propone reducir los casi 500 permisos que existen hoy a tres grandes evaluaciones.

La primera sería un permiso estrictamente ambiental, que mida y cuantifique los riesgos ambientales y defina cómo mitigarlos y compensarlos.

La segunda, un permiso social, basado en una evaluación de impacto social que identifique y cuantifique las afectaciones positivas y negativas del proyecto, con el fin de mitigar o compensar las negativas y capturar las positivas.

La tercera, una evaluación técnica y operacional que resguarde la seguridad de los trabajadores y de la operación.

Con esos tres permisos “potentes”, y asumiendo que el marco legal esté configurado, los demás podrían ser permisos simples, en los que la empresa se compromete ante notario y enfrenta sanciones en caso de incumplimiento.

“Discutidos estos tres grandes permisos, llamémoslos ambiental, social y técnico, el proyecto debería poder llevarse a cabo sin interrupciones de la comunidad o un grupo pequeño que muchas veces no representa, pero que justamente acude a los recursos judiciales para poder interponerse y generar ruido en el ambiente”, concluye.