La presentación del proyecto de ley de Presupuestos 2025 marcará la semana post Fiestas Patrias, con La Moneda preparando la cadena nacional donde el Presidente de la República, Gabriel Boric, dará a conocer los principales énfasis del penúltimo erario de su administración.
El Ejecutivo debe ingresar la iniciativa a la Cámara de Diputados a más tardar el próximo lunes 30 de septiembre.
Uno de los focos de debate legislativo será el nivel de holguras que proyecta el Gobierno para los últimos años de su gestión y para los próximos de los nuevos inquilinos de La Moneda a partir de marzo del 2026.
Un informe elaborado por el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS), se centra justamente en el estrecho panorama que enfrentarán las finanzas públicas en los próximos años, escenario que sería más complejo incluso que el previsto por la Dirección de Presupuestos (Dipres) en el Informe de Finanzas Públicas -IFP- dado a conocer a fines de julio.
El reporte de la USS estima que los gastos comprometidos por el sector público para el período 2025 a 2028 están subestimados en más de US$ 6.500 millones, como consecuencia de un cambio de metodología aplicado en la discusión del Presupuesto 2024.
Un mayor nivel de gastos comprometidos afecta las estimaciones de holguras presupuestarias para los próximos años, las cuales dependen de factores como los desembolsos ya asignados, los ingresos estructurales del Fisco y la meta de reducción del déficit estructural de parte del Gobierno. Esto da como resultado un mayor o un menor espacio de gasto hacia adelante.
El cambio metodológico se traduce en que se incorporó en la programación de gasto los recursos sólo para terminar iniciativas de inversión que se encontrasen en ejecución a esa fecha, y no contemplar la compensación de la depreciación de la infraestructura vigente, mediante un nivel histórico de recursos para iniciativas nuevas.
«Por sólo este último concepto, el gasto comprometido estaría subestimado en más de US$ 3.000 millones sólo en 2028 considerando el criterio utilizado en la elaboración del programa financiero que acompañó el proyecto de Ley de Presupuestos del año 2023, elaborado también por esta administración (…) Sólo por la regularización de esta situación en la programación financiera, las verdaderas holguras fiscales serían negativas para todo el período», señala el reporte.
En total, los US$ 6.500 millones se distribuyen principalmente en los años 2027 y 2028, con más de millones US$ 5.200 millones.
El reporte de la investigadora y exjefa de Administración Presupuestaria de la Dipres, Margarita Vial, compara el escenario financiero de mediano plazo actual con el presentado en la Ley de Presupuestos 2024, obervando un gasto comprometido que es revisado a la baja, mientras que, por el contrario, existen sucesivas correcciones al alza en materia de ingresos que se resumen en mayores entradas fiscales por US$ 2.000 millones en promedio para cada año, totalizando US$ 8.866 millones adicionales a los considerados en la estimación original para este período, «lo que incrementa técnicamente las holguras presentadas».
Prioridades para el próximo año
El reporte también define siete focos que considera debiera tener el erario para el 2025.
El primero es un crecimiento del gasto «acotado» para 2025, que no debiera superar el 2% real en línea con las recomendaciones técnicas. El segundo, poner en el centro de la discusión la situación del mediano plazo: «Las estrechas holguras fiscales marcarán tensión para el financiamiento de nuevas iniciativas de una próxima administración», señala el documento.
En línea con la experiencia de la discusión del presupuesto 2024, un tercer foco es una solicitud mesurada y detallada de endeudamiento para 2025.
También, la USS estima como «prioritario» retomar una estrategia de recomposición de los ahorros fiscales, además de impulsar medidas de austeridad y contención con efecto «permanente» en el gasto público, así como evaluar e identificar espacios de mejora a las normas para la ejecución de transferencias que resultaron más restrictivas propósito del Caso Convenios, «con un fuerte costo en la ejecución de los Gobiernos Regionales, por ejemplo».
Por último, el documento también apunta a considerar nuevos mecanismos de ejecución de programas públicos a través de transferencias monetarias directas.
