Con esperanza y altas expectativas.
Así espera la Asociación de Gobernadores Regionales (Agorechi) los anuncios que realizará el Gobierno respecto al contenido del Presupuesto del sector público del próximo año, en medio de negociaciones que han sostenido con el Ejecutivo para flexibilizar la regulación y así para agilizar la ejecución presupuestaria de los Gobiernos Regionales (GORE).
En la Ley de Presupuestos de este año, se establecieron mayores controles y restricciones al uso de algunos recursos de parte de los GORE, en el marco del caso Convenios. Esto ha derivado en que a julio de 2024 la ejecución a nivel nacional de los Gobiernos Regionales alcanzó apenas un 36%. Al mismo mes de 2023, el nivel de gasto era de 51,7%, mientras que la ejecución promedio a julio entre 2010 y 2024 es de 49,4%.
Ante los bajos números, el presidente de Agorechi y gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se reunió con autoridades del Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos (Dipres) y la Contraloría, buscando soluciones para la problemática que cruza a todas las regiones.
De hecho, a mediados de año se formó una mesa de trabajo con Teatinos 120 para abordar el tema. Eso sí, los resultados concretos se verán una vez que se conozca el contenido del erario.
Mundaca indica que de cara al Presupuesto espera que “la ejecución misma no involucre procesos adicionales e innecesarios que no aporten valor en términos de control”. Asimismo, agrega que la idea es que no se generen problemas que traben los programas y proyectos, «ya que el principal objetivo es llegar a la ciudadanía a tiempo”.
La autoridad regional -que va a la reelección- dice que los cambios que han propuesto están orientados a “lograr una apertura presupuestaria rápida que permita comenzar la ejecución en el mes de enero de 2025 y no como pasó el año 2024, cuando prácticamente se partió en el mes de marzo, atrasando todo”.
Otros cambios tienen que ver con el rol del Consejo Regional (Core) en el proceso de ejecución presupuestaria, para que su aporte en términos de control sea efectivo en dicho proceso. Además, pide de incorporar a Bomberos e instituciones de educación superior en los procesos, para que el traspaso de recursos para apoyar su desempeño se realice en los tiempos que ellos lo requieren.
Sobre las expectativas de las conversaciones con Dipres, Mundaca explica que este año han tenido un diálogo «franco y constante, y esperamos que un gran número de las propuestas entregadas por los Gores sean incorporadas en las glosas presupuestarias, dado que todas están en la lógica de mejorar el gasto, su ejecución y mantener o elevar los procesos de control en el uso de los recursos”.
Remarca que también se han reunido con la Contraloría en el presente año “compartiendo criterios comunes en el proceso de ejecución presupuestaria, identificando aquellos procedimientos incorporados en la Ley de Presupuestos que agregan valor a la calidad del gasto y a su correcto uso y asignación”.
Para el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, los puntos claves a resolver por la autoridad central son también la apertura presupuestaria, «porque el año 2023 pudimos iniciar gasto en enero, pero este año recién a fines de marzo” y también un “uso más rápido de recursos de emergencia, ya que hoy por autorizaciones de decretos llegan dos o tres meses después de la urgencia y autorizaciones presupuestarias más eficientes, considerando montos y proyectos aprobados”.
«Con los procesos actuales deben pasar dos veces por el Core, Hacienda y Contraloría, una tardanza promedio de seis meses de trámite”, agrega Flies.
Mientras que el gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, sostiene que lo sucedido con algunos Gores respecto a cuestionamientos de traspasos de recursos a instituciones privadas generó una «excesiva normatividad en la Ley de Presupuestos que no se condice con un ente descentralizado al instaurar un excesivo control”.
Califica esas disposiciones como “un conjunto de restricciones exageradas y limitaciones improcedentes como para los aportes a Bomberos o la Teletón y para el uso del 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que es para organizaciones pequeñas que postulan proyectos por $ 3 millones o $ 4 millones”.
Vallespín agrega que “son trabas completamente inadecuadas” pero se muestra optimista en que tanto el Gobierno como los parlamentarios corrijan estas situaciones en el Presupuesto 2025, porque a su juicio “claramente están pasando por encima de las competencias de un ente descentralizado como son los Gores”.
