La Sala del Senado aprobó en general la iniciativa que busca simplificar el sistema de autorizaciones sectoriales, aunque persisten tensiones por su impacto en regulaciones ambientales.
En una sesión marcada por un debate técnico y político, la Sala del Senado aprobó en general -con 39 votos a favor- el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Boletín N° 16.566-03), iniciativa clave del gobierno para modernizar y simplificar los procesos de aprobación de permisos no ambientales en el país. La propuesta debe avanzar a tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, aunque su votación en particular aún no concluye.
El texto, tramitado con urgencia de “discusión inmediata”, introduce cambios al sistema actual de autorizaciones, habilitando herramientas como la tramitación paralela de permisos, la sustitución de autorizaciones de bajo riesgo por declaraciones juradas -con sanciones en caso de incumplimiento-, y la creación de una entidad encargada de supervisar el cumplimiento de plazos y normativas sectoriales.
Durante la jornada también se aprobaron diversos artículos que no fueron objeto de votación separada. Entre las normas discutidas de forma individual, se ratificaron disposiciones clave como la técnica habilitante alternativa (23 votos a favor), el uso de declaraciones juradas (22 votos), y la categoría de iniciativas de inversión estratégica (22 votos). Todas estas medidas fueron respaldadas por mayorías, aunque enfrentaron objeciones principalmente desde el oficialismo.
Críticas y apoyos cruzados
Uno de los puntos de tensión fue el alcance de la reforma y su eventual impacto en materias medioambientales y de gestión pública. El senador Alfonso De Urresti (PS) manifestó su inquietud ante el riesgo de que esta iniciativa, bajo la apariencia de simplificación administrativa, termine debilitando las garantías ambientales y patrimoniales. A su juicio, “la eficiencia no puede imponerse sacrificando el control del Estado sobre materias sensibles, ya que algunas medidas contempladas podrían derivar en un uso arbitrario de facultades”, dijo.
Desde la vereda contraria, el senador opositor Rojo Edwards defendió el proyecto, señalando que no elimina requisitos existentes, sino que permite agilizar procedimientos mediante la tramitación simultánea de permisos. En su opinión, “esto representa una solución práctica para evitar que la burocracia estatal se transforme en un obstáculo para el desarrollo de inversiones”.
Próximos pasos
La discusión de los artículos restantes continuará en una sesión próxima aún por definir.
De aprobarse en la Cámara Baja sin modificaciones, el proyecto podría quedar listo para convertirse en ley, consolidando una de las principales apuestas del Ejecutivo para combatir la llamada “permisología” y facilitar la ejecución de proyectos en diversos sectores productivos.
