El Hospital del Salvador y el Instituto Nacional de Geriatría están prácticamente terminados, pero siguen cerrados más de una década después de su adjudicación. La editorial de El Mercurio, publicada el pasado sábado 23 de agosto, advierte que la burocracia y la permisología no solo encarecen proyectos, sino que postergan la atención de miles de personas que la necesitan con urgencia.
El 7 de agosto de 2012 se abrieron los sobres de la primera licitación para el anteproyecto del nuevo Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría, concebido tras el terremoto de 2010 para reforzar la infraestructura hospitalaria del centro del país. Dos años después, en enero de 2014, la obra fue adjudicada bajo concesión, en medio de críticas gremiales y resistencia política al modelo. Más de una década más tarde, el recinto sigue inconcluso, pese a la urgencia sanitaria y a las listas de espera que afectan a miles de personas.
El Salvador se ha convertido en un caso paradigmático: trabas ambientales impuestas de manera retroactiva, exigencias de rescates arqueológicos que paralizaron tres años la construcción sin hallazgos significativos, y más recientemente, demoras por la conexión eléctrica que impidieron cerrar la fase final. Como lo señala la propia editorial de El Mercurio, los gobiernos parecen haberse limitado a lavarse las manos, mientras pacientes permanecen postergados en espera de atención.
El problema no se restringe a la salud. Este mes, la concesión del aeropuerto de La Araucanía —una inversión de US$ 138 millones— ya enfrenta advertencias de retrasos antes incluso de iniciar sus obras en 2027, debido a estudios ambientales y eventuales consultas indígenas que podrían encarecer y dilatar el proyecto.
La editorial del diario consigna que lo que está en juego es la capacidad del Estado de ejecutar obras críticas en plazos razonables. Si el Hospital del Salvador no existe 12 años después de adjudicada su construcción, y este mismo patrón se repite a lo largo del país, la conclusión es inevitable: se requiere revisar y corregir lanormativa que, en lugar de facilitar la inversión pública y privada en infraestructura esencial, se ha transformado en un obstáculo que posterga beneficios y multiplica sufrimientos.
La urgencia es doble: sanitaria y política. En un país con brechas hospitalarias evidentes y crisis de seguridad en aumento, no resulta sensato mantener obras estratégicas atrapadas entre permisos, recursos administrativos y visiones ideológicas. El Salvador no es solo un hospital inconcluso; es el retrato de un Estado que promete mucho, pero ejecuta poco.
