El académico Cristóbal Aguilera alertó que el proyecto de Ley de Patrimonio Cultural podría aumentar la burocracia, generar discrecionalidad y operar desconectado del SEIA, replicando problemas de “permisología”.
En una reciente publicación de Portal Minero, el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Finis Terrae y asesor senior en Mackenna Cruzat, Cristóbal Aguilera, expuso su preocupación respecto al proyecto de Ley de Patrimonio Cultural, señalando que, pese a la urgencia de modernizar la normativa vigente desde 1970, el texto “avanza en sentido contrario a la eficiencia que se busca”.
Aguilera sostuvo que la reforma “refuerza la burocracia al ampliar categorías, órganos y procedimientos”, generando mayor densidad regulatoria y menor certeza jurídica para el desarrollo de proyectos. En esa línea, advirtió sobre el riesgo de “reproducir los problemas de la denominada permisología”.
Llamado a coordinar con el SEIA y definir criterios técnicos
Portal Minero recogió también la preocupación del académico por la ausencia de articulación con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA): “Debe evitarse la existencia de circuitos paralelos de autorizaciones”, afirmó, subrayando la necesidad de integrar los nuevos instrumentos a los procesos ambientales, incluida la consulta indígena.
Asimismo, criticó la incorporación de conceptos amplios —como paisajes culturales o conocimientos tradicionales colectivos— sin parámetros técnicos claros, lo que, a su juicio, incrementa la discrecionalidad.
Finalmente, Aguilera planteó que la reforma debería acotar categorías, establecer estándares mínimos, equilibrar la institucionalidad e incorporar herramientas como plazos, silencio administrativo y control ex post. Y remarcó: “Proteger no puede ser sinónimo de prohibir”, advirtiendo que un marco restrictivo podría terminar desincentivando la iniciativa privada.
