La compañía pesquera Landes se sumó a la lista de empresas que han demandado al Estado de Chile por el nuevo fraccionamiento pesquero, especialmente en el jurel.
En este caso, la firma con base en Talcahuano exigió poco más de US$70 millones en compensación, acusando perjucios económicos por los cambios en las cuotas asignadas.
A inicios de febrero, Camanchaca irrumpió con una demanda donde piden $90 mil millones por la ley de Fraccionamiento Pesquero, a lo que luego se sumó Blumar.
Mediante un comunicado, la compañía Landes aseguró que la acción acogida por el 22° Juzgado Civil de Santiago se fundamenta en que ” el Estado, a través de diversos actos, desconoció permanentemente la distribución de cuotas establecida en la historia regulatoria pesquera chilena y las reasignó a terceros sin el pago de una indemnización (…) vulnerando los principios básicos de legalidad y afectando gravemente el patrimonio de la compañía”.
Pesquera Landes demanda al Estado por fraccionamiento
El CEO de la pesquera, Andrés Fosk Belan, dijo que “al Estado no le está permitido disponer de cuotas de pesca que las empresas han construido a través de su historia y que hoy forman parte de su patrimonio para transferirlas discrecionalmente”.
“Lo ocurrido con esta ley es muy grave. Se tramitó una ley sin sustento, deficiente, y para empujarla, el Gobierno saliente, desde la Subsecretaría de Pesca, impuso un estilo de trabajo irresponsable, alejado de lo técnico, basado en informaciones imprecisas o derechamente falsas”, criticó el ejecutivo, añadiendo que “Talcahuano no puede seguir pagando el costo de gustos ideológicos que castigan no solo a la pesca industrial, sino que a cientos de familias del Bío Bío”.
Por su parte, el abogado socio de la oficina encargada de la tramitación -Barros & Errázuriz-, David Cademartori Gamboa, sostuvo que “seguimos sosteniendo que la Ley de Fraccionamiento Pesquero constituye una expropiación encubierta del patrimonio de Landes, una acción ilegal cuyo daño debe ser indemnizado”.
Demandas de Camanchaca y Blumar
Los nuevos frentes judiciales que deberá enfrentar el Estado eran ya advertidos por la industria mientras el nuevo fraccionamiento aún era un proyecto de ley.
Finalmente, el 02 de febrero Camanchaca decidió arremer, donde su CEO, Ricardo García, dijo que realizaron inversiones en base a las promesas hechas por el Estado.
“Cuando esa promesa se rompe unilateralmente antes de tiempo, no solo se afecta a una empresa, sino que se daña la confianza en el país como un todo”, dijo el ejecutivo, sentenciando que “cuando el Estado expropia, la ley y la Constitución lo obligan a indemnizar”.
Blumar también avanzó con su propia demanda, reiterando que se trata -según la compañía- de una “expropiación sin certeza jurídica”.
