Este miércoles, la Comisión de Hacienda aprobó en general el proyecto que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, la asignación familiar y maternal, y el subsidio único familiar. Una iniciativa propiciada por un protocolo de acuerdo que se firmó entre el Ejecutivo y la CUT, que incluye medidas en apoyo a las Mipyme.
Y corrió la misma suerte esta tarde en la Sala del Senado. Sin embargo, quedaron pendientes en tercer trámite dos indicaciones.
Una de ellas es la creación del Observatorio de Ingresos y Costo de la Vida de las y los Trabajadores, un espacio técnico y tripartito que funcionaría al alero del Consejo Superior Laboral.
Este punto fue justificado por el ejecutivo asegurando que su creación “no añade más burocracia”, sino que descongestiona el trabajo del Consejo. Además, en cuanto a costos, este sería marginal, según el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, y solo contemplaría las dietas de los representantes privados.
Avances en proyecto de alza en el sueldo mínimo
No obstante, el propio oficialismo no estuvo de acuerdo.
El senador socialista, José Miguel Insulza, aseguró que el órgano es sinónimo de crear “más Estado”, y además cuestionó el subsidio a las pymes que contempla el proyecto.
Por su parte, el senador independiente, Francisco Chahuan, dijo que espera que el Ejecutivo presente “un plan de finalización” en la Cuenta Pública, más allá de anuncios ideológicos.
Considerando el impacto de aumentar el salario mínimo en la esfera pymes, el proyecto del Ejecutivo contempla un subsidio para que las pequeñas empresas tengan facilidades para pagar este sueldo.
Este se otorgaría cuando la variación en el monto del salario mínimo -a contar del 2026 cuando se pretende que el salario mínimo llegue a $539 mil,- sea superior a la inflación efectiva de 2025.
Para ello, el Informe Financiero contempla un marco presupuestario de $10.000 millones. Estos recursos formarán parte de la Ley de Presupuestos para 2026, que fue lo que explicitó el ministro Marcel.
Otro punto en discordia, tiene que ver con el fortalecimiento al Fondo de Formación Sindical, mediante la incorporación de un nuevo criterio para la asignación de recursos.
El proyecto contempla que el 40% del fondo se asigne a iniciativas presentadas por organizaciones sindicales o con su patrocinio.
