El gremio advierte que mientras se promueve la agilización de permisos, se impulsan proyectos legislativos que podrían frenar la inversión y generar incertidumbre normativa.
El Consejo Minero alzó la voz frente a lo que considera una preocupante incoherencia en la política regulatoria del Gobierno. En su más reciente informe de gestión, el presidente del gremio, Joaquín Villarino, cuestionó que, pese a los avances impulsados desde el Ministerio de Economía para simplificar los procesos de autorización sectorial, otras iniciativas legislativas estarían avanzando en sentido contrario.
Entre los proyectos que generan inquietud destacan la propuesta que modifica el sistema de concesiones marítimas, la nueva ley de patrimonio cultural -que reestructura el rol del Consejo de Monumentos Nacionales- y cambios en materia de fiscalización ambiental. A juicio del Consejo Minero, estas medidas no solo introducen nuevos requisitos, sino que aumentan la carga burocrática y entorpecen la tramitación de proyectos estratégicos para la minería.
“Existe un desfase evidente entre los discursos pro inversión y las reformas que, en la práctica, imponen más trabas”, plantea el documento que agrupa a empresas de la gran minería.
Cuestionamientos y propuestas
Uno de los puntos más sensibles para la industria ha sido la discusión sobre patrimonio cultural, donde el gremio observa con preocupación la falta de criterios técnicos y la ampliación de facultades del Consejo de Monumentos Nacionales, lo que -advierten- podría ralentizar aún más la ejecución de obras de infraestructura.
A esto se suma la crítica a la limitada coordinación institucional. Aunque se valora la creación de una oficina de permisos sectoriales en Economía, el Consejo Minero subraya que esta carece de atribuciones efectivas para intervenir en las regulaciones impulsadas desde otros ministerios. En esa línea, también cuestionan la reciente creación del cargo de coordinador de Regulación Económica en Hacienda, al considerarlo insuficiente y carente de peso político. El gremio propone, en cambio, establecer un organismo autónomo con facultades vinculantes para garantizar la coherencia regulatoria a nivel nacional.
En este contexto, en el que la industria busca ampliar inversiones en descarbonización, agua desalada y electromovilidad, los representantes del sector advierten que el exceso de normas dispersas y contradictorias podría comprometer la competitividad del país frente a otros destinos mineros.
