En una carta publicada en La Tercera, el director ejecutivo de Pivotes, Juan Francisco Galli, cuestionó el funcionamiento del sistema de permisos y advirtió que instrumentos como la Ley Lafkenche y los procesos de evaluación ambiental han sido utilizados para trabar proyectos de inversión, generando costos que han terminado afectando a los ciudadanos.
En una carta al director publicada en La Tercera, Juan Francisco Galli, director ejecutivo del centro de estudios Pivotes, centró su análisis en los obstáculos estructurales que ha enfrentado la inversión en Chile. Así, puso especial énfasis en la permisología y en el uso de ciertos instrumentos regulatorios como mecanismos de bloqueo de proyectos.
Según planteó en el texto, “las reglas actuales le dieron poder de veto a pequeños grupos de interés que han aprovechado la evaluación de impacto ambiental, la Ley Lafkenche o las consultas indígenas para trabar proyectos y, muchas veces, obtener beneficios económicos”. A juicio de Galli, este diseño institucional ha terminado desvirtuando el objetivo original de dichas herramientas.
El autor sostuvo que estos mecanismos no sólo han ralentizado o impedido el desarrollo de iniciativas productivas, sino que también han trasladado los costos a la ciudadanía. En ese sentido, afirmó que “es hora de poner en el centro a esos ciudadanos que al final, han pagado los costos de esos proyectos que nunca se realizaron”.
En su carta, Galli advirtió que la discusión sobre permisología ha quedado relegada frente a las urgencias coyunturales, pese a que sus efectos se han arrastrado por años. A su juicio, la acumulación de trabas regulatorias ha contribuido a un escenario de menor inversión, menos empleo y mayores frustraciones sociales, particularmente en regiones donde los proyectos paralizados han tenido un impacto relevante.
El director ejecutivo de Pivotes enmarcó esta crítica dentro de una reflexión más amplia sobre las reformas estructurales que, según escribió, el país ha evitado enfrentar. En ese contexto, sostuvo que “las urgencias no pueden ser todo” y que Chile ha arrastrado problemas de larga data que no han sido abordados, en parte, por la dinámica del debate público y la presión de grupos organizados.
En la parte final del texto, Galli remarcó que el desafío para el próximo gobierno no se limita a responder a la emergencia inmediata, sino que también consiste en abordar cambios de fondo. Tal como concluyó en su carta, “la urgencia no es solo la emergencia, sino también las reformas que, hace ya tiempo, sabemos impostergables”.
