Será ley. La tarde de este miércoles, la Sala del Senado aprobó el acuerdo logrado en la comisión mixta entre senadores y diputados este martes y dejó en condiciones de ser ley el proyecto de ley de Presupuestos 2025.
Así, el texto es despachado por el Parlamento dos días antes del plazo límite constitucional, fijado para el 29 de noviembre. El resultado fue 37 votos a favor y uno en contra.
La Sala de la Cámara Alta ratificó el consenso luego de que la Cámara de Diputados realizara lo mismo durante este mediodía, en esa oportunidad con 106 votos a favor, 16 en contra y cuatro abstenciones.
El Gobierno irá al TC para que se declaren inconstitucionales algunas normas aprobadas, como la suspensión de la Ley Lafkenche y una que cambia avalúo fiscal de propiedades de beneficiarios de la PGU.
El acuerdo en la mixta
Luego de cerca de cuatro horas de negociaciones, pasadas las 16 horas de este martes, los senadores y diputados de la comisión mixta dieron a conocer los detalles del acuerdo alcanzado con el Ejecutivo para destrabar el trámite de la ley de Presupuestos 2025.
En el acuerdo, se lograron reponer los recursos que fueron rechazados o rebajados en el tercer trámite en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, los relativos a la Defensoría Penal Pública, en que se aclaró que las jornadas destinadas a defensa de migrantes son una fracción mínima del total de los recursos; las platas para el Servicio Nacional de Alcohol y Drogas (Senda); y los del programa de apoyo a PYME afectadas por los hechos de violencia en el estallido social, incorporados en la partida del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) del Ministerio de Economía, con recursos por $ 1.000 millones, siendo similares a los de este año. En 2025, Sercotec deberá, durante el primer semestre, lanzar una convocatoria pública que deberá estar abierta a la recepción de postulantes durante un mes.
También, el consenso contempló la reposición de platas para la Secretaría de Comunicaciones (Secom) del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), situándolos en $ 400 millones para gastos en personal y bienes y servicios de consumo, pero con el compromiso de que cualquier modificación provenga de reasignaciones al interior de la partida.
Otros puntos
El acuerdo también abordó temas que han generado polémica a raíz de la coyuntura del caso que involucra al exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, en prisión preventiva por una denuncia de presunta violación que se le imputa y cuestionado por el uso de gastos reservados y eventuaes infracciones a la Ley de Inteligencia.
La Cámara rebajó los gastos reservados para dicha subsecretaría, por lo que para reponer los $ 538 millones el Gobierno se allanó a un acuerdo para presentar un proyecto de ley en el primer semestre del 2025 -y luego de la aprobación del nuevo Ministerio de Seguridad- que aumente el control sobre esos gastos de dicha repartición y refuerce su rendición de cuentas.
Otra materia controversial se relacionaba con la aprobación de la obligatoriedad de que el Presidente de la República, ministros y subsecretarios se realicen una vez al semestre un test obligatorio de drogas y estupefacientes. Aquí, el Gobierno se allanó a eliminar esta glosa de la partida de la Presidencia de la República a cambio del compromiso de legislar sobre la materia en un proyecto sobre incompatibilidad de la función pública con el consumo de drogas.
El consenso estableció que en la ley de reajuste del sector público se abordará el tópico sobre la obligatoridad de capacitaciones en violencia de género para el sector público.
Adicionalmente, se logró unacuerdo respecto a los recursos necesarios para el cierre de la corporación dedicada a los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Se propusieron $ 700 millones para el pago de indemnizaciones y $ 100 millones para gastos adicionales relativos a la clausura de la instancia durante el próximo año.
Hacienda también insistió con la norma que busca racionalizar el conjunto de glosas presupuestarias, luego de un trabajo realizado con las mesas de la Cámara y del Senado.
Otro punto del acuerdo establece modificaciones a la composición de la comisión que discutirá mejoras al funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), lo que implica la incorporación de representantes de ambas cámaras del Congreso.
Un erario inédito
Además de estos cambios, en la comisión especial mixta de Presupuestos se había logrado un primer acuerdo, que en lo principal estableció que se redujeron en US$ 600 millones los gastos proyectados para el 2025, lo que llevaría al gasto público a crecer un 2% en lugar del 2,7% inicialmente estimado.
Esto fue un ajuste fiscal inédito, ya que se comprometió en el marco de la misma discusión del Presupuesto. Asimismo, Hacienda comprometió recortes de gasto por US$ 1.000 millones este año para cumplir con las metas fiscales.
Otro de los acuerdo relevantes en dicha instancia fue que el Ministerio de Hacienda deberá solicitar autorización del Congreso cuando se retiren recursos desde el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) que sean superiores a un 0,3% del PIB durante el año.
Asimismo, se acordó solicitar una asesoría internacional para mejorar las estimaciones de ingresos para el sector público, además de reforzar el control mensual sobre el cumplimiento de las metas fiscales.
Sin embargo, también hubo temas complejos para el Ejecutivo que probablemente se resolverán en el Tribunal Constitucional (TC). Por ejemplo, el Congreso aprobó artículos considerados inadmisible por el Ejecutivo, como uno que reduce a $ 0 el avalúo fiscal de las propiedades de adultos mayores beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU), además de otro que suspendía por 2025 la vigencia de la Ley Lafkenche sobre autorización del uso del borde costero para los pueblos originarios.
