Con más de US$100 mil millones en proyectos mineros pendientes, los ajustes al reglamento del SEIA buscan focalizar las evaluaciones ambientales en los impactos realmente relevantes y evitar trámites innecesarios que retrasaban la inversión. En esta nota, dos abogados expertos analizan estas modificaciones.
Con la presión por acelerar la inversión en minería, la discusión se desplazó del “qué” al “cómo”. En ese contexto, el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) volvió a Contraloría con ajustes que pretenden modernizar tipologías y focalizar los recursos del sistema en proyectos con impactos significativos.
Daniel Weinstein, abogado y analista en regulación ambiental, sostuvo en una nota publicada en El Mostrador que el DS Nº17/2025 “se alineó con una visión más moderna y con la experiencia acumulada en la aplicación de las tipologías existentes, de modo que el sistema se active sólo cuando existieran impactos ambientales significativos que requirieron evaluación”. Agregó que el problema con el SEIA “no era la evaluación en sí, sino la falta de focalización del sistema”, destacando que su eficiencia resultaba crítica para un sector donde los plazos de tramitación incrementan los costos.
Entre los cambios más relevantes al reglamento del SEIA está el nuevo tratamiento de la infraestructura eléctrica: las líneas de transmisión de alto voltaje ingresarán sólo si superan los dos kilómetros, permitiendo ejecutar mejoras menores sin activar evaluaciones que no aportan a la protección ambiental.
Por su parte, María Paz Pulgar, experta en derecho minero, señaló a El Mostrador que “la reforma apuntó a modernizar el sistema actualizando tipologías y umbrales que, debido a nuevas tecnologías o normativas sectoriales, habían quedado obsoletos”. Así, Pulgar ejemplificó con los centros de datos, que ingresaban al SEIA por el almacenamiento de combustible de respaldo: “Cambiar el umbral a 1.000 toneladas evitó trámites innecesarios que no generaban mejoras ambientales reales”.
La minuta técnica que acompañó la reforma confirmó que varias tipologías responden a criterios con baja aplicación práctica o riesgos ya regulados por normativa sectorial. En ese sentido, Weinstein subrayó que “en un escenario global donde otros países aceleraban reformas para atraer capital minero, Chile no podía darse el lujo de mantener un sistema que focaliza tiempo y recursos en lo trivial”. En la misma línea, Pulgar concluyó que “modernizar los umbrales de ingreso no significó desproteger, sino focalizar la evaluación donde los impactos fueron verdaderamente significativos”.
