El economista, Klaus Schmidt-Hebbel, criticó aspectos fundamentales de la propuesta, como el financiamiento estatal encubierto, la licitación de stock de afiliados, el rol ampliado del Estado y la falta de medidas clave, como aumentar las edades de jubilación o prohibir nuevos retiros de ahorros previsionales.
En su análisis sobre la reforma previsional recién aprobada en la Comisión de Trabajo del Senado, el economista Klaus Schmidt-Hebbel advirtió, en una columna en El Mercurio, sobre los serios problemas de diseño, el alto costo fiscal y la creciente intervención estatal del proyecto.
Si bien valoró ciertos avances, enfatizó los riesgos asociados a los nuevos mecanismos de financiamiento estatal y la expansión del rol del Estado, junto con la omisión de reformas estructurales esenciales. Además, criticó la propuesta de licitación del 10% de stock de afiliados cada dos años. “Es una mala propuesta para reducir comisiones, en comparación con mi propuesta de tres etapas de diálogo de cada AFP con sus cotizantes, que finalmente lleva a la licitación de cotizantes que así lo decidan o que no participen del diálogo”, argumentó.
Por otro lado, el economista expresó su preocupación por el “aporte diferido” del 1,5% que los trabajadores deberán realizar al Estado durante 20 años para financiar las pensiones más bajas. Este aporte sería administrado por el nuevo Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), que devolverá el dinero a los aportantes al momento de su jubilación, con un interés similar al de los bonos de Tesorería. Sin embargo, advirtió que “esta promesa estatal es equivalente a un aporte que va a la cuenta individual, pero cuya inversión se restringe a bonos del Estado, con el riesgo político de una expropiación futura”.
A su vez, Schmidt-Hebbel fue enfático en que esta reforma aumentará el tamaño y rol del Estado, mediante la creación del FAPP y la transferencia de la administración del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) al mismo. Según él, esto implicaría la contratación de 405 nuevos funcionarios y un gasto adicional de $30.000 millones anuales. Además, estimó que el costo fiscal total de la reforma podría alcanzar los USD 5.000 millones hacia 2050, equivalentes al 1,7% del PIB actual.
Por otro lado, Schmidt-Hebbel señaló importantes omisiones en el proyecto, como el aumento de la edad de jubilación para compensar la mayor esperanza de vida, el reemplazo de las comisiones sobre sueldos por comisiones sobre saldos ahorrados y la prohibición de nuevos retiros de ahorros previsionales. “Antes de aprobar lo propuesto, el Congreso debería corregir los grandes defectos de diseño de esta reforma, incluir las más graves omisiones, y encargar al Banco Central un estudio serio del costo fiscal total y de los efectos económicos”, subrayó.
Entre los aspectos positivos del proyecto, Schmidt-Hebbel valoró que un 4,5% de la cotización adicional vaya directamente a capitalización individual, fortaleciendo el ahorro privado y la profundidad del mercado de capitales. Además, se preserva la administración de los fondos por inversores privados, regulados por el Estado, respetando la libertad de elección de los afiliados.
