El think tank advirtió que la indicación presentada por el Ejecutivo a esta normativa amplía las categorías de protección y la estructura institucional, generando mayor incertidumbre para la entrada de capitales y sin resolver los retrasos en los permisos.
Durante su participación en Radio Agricultura, Pilar Hazbún, coordinadora legislativa del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), analizó la tramitación del proyecto de Ley de Patrimonio Cultural, señalando que las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo “no modernizan la institucionalidad ni otorgan mayor certeza a los inversionistas”, pese a que la iniciativa figura entre las priorizadas por el Ministerio de Hacienda para reactivar la inversión.
Hazbún explicó que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) es uno de los organismos públicos con mayores demoras en la entrega de permisos, según informes de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, y que la nueva propuesta “no corrige ese problema estructural”. “El proyecto amplía la institucionalidad y crea categorías imprecisas de protección, lo que puede aumentar la discrecionalidad y la judicialización, afectando directamente los tiempos de aprobación de los proyectos”, puntualizó.
La especialista recordó que la actual Ley 17.288, vigente desde 1970, necesita una actualización profunda. Sin embargo, la indicación sustitutiva presentada por el Gobierno en 2024 reemplazó el texto original -ingresado bajo la administración del expresidente Sebastián Piñera- con una versión que eleva el número de integrantes del Consejo de 23 a 30 y suma nuevas categorías, incluyendo patrimonio material, inmaterial, y de los pueblos originarios y afrodescendientes. “Estas categorías, si no se definen con precisión, pueden derivar en conflictos con otras normativas, como la ley ambiental o la indígena, generando duplicidades y nuevos focos de incertidumbre”, añadió.
Hazbún subrayó, además, que el proyecto “mantiene una estructura excesivamente centralizada”, pese a reconocer la necesidad de criterios regionales en materia patrimonial. “Descentralizar las decisiones permitiría procesos más ágiles y ajustados a la realidad local, sin detener proyectos por decisiones tomadas desde Santiago”, dijo.
Al respecto, desde LyD plantean que una reforma efectiva debería reducir la composición del Consejo, definir plazos claros y acotados, e incorporar criterios técnicos objetivos que entreguen mayor seguridad a las inversiones.
“La protección del patrimonio debe ser compatible con el desarrollo. Si el objetivo del Gobierno es dinamizar la inversión, la nueva ley debiera ir en esa dirección y no en sentido contrario”, concluyó Hazbún.
