Académicos cuestionaron lo que será el retiro forzoso de sus cargos para mayores de 75 años que ejercen en el sector público, asegurando que “es una política con la que nos quieren mandar al cementerio”.
Ello, por una cláusula contenida en la Ley 21.724 de Reajuste del Sector Público, vigente desde enero de 2025 y aplicable a partir de 2027, pero que no tocará a legisladores (diputados, senadores) ni a ministros.
El artículo que hoy se cuestiona emanó de un protocolo de acuerdo impulsado por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Gobierno.
El cambio se metió dentro de una ley miscelánea y pasó casi desapercibido.
“Anti viejos de Chile”
El domingo el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, José Rodríguez Elizondo, escribió una carta al director del diario El Mercurio.
En el breve texto, el académico manifestó una cultura “anti viejos de Chile”.
Con 88 años de edad, Rodríguez sería de las personas que se verían obligadas al retiro forzoso por tener 75 años o más, aludiendo al decreto que incorpora la Ley 21.724 de Reajuste del Sector Público que empezará a regir el 1 de enero de 2027.
“Yo ya estoy pasado en varios minutos. (…) El exterminio ‘edadista’ de esa Ley es anacrónico. Decodificando con todo respeto, digo que así como hay jóvenes tontos y flojos, también existen viejitos inteligentes y activos”, sostuvo en la misiva que redactó para el matutino.
La propuesta busca profundizar el denominado incentivo al retiro, modificando normas afines.
Por ejemplo, les permitirá a los funcionarios afectos percibir una indemnización equivalente al total de la remuneración por cada año de servicio en la institución del sector público donde ejercieron, con un máximo de seis.
El autor de la carta, el profesor Rodríguez Elizondo, conversó también con el programa Expreso Bio Bio de La Radio.
Actualmente, él se desempeña en labores de docencia e investigación y tiene a su cargo siete ayudantes.
“Nuestra labor hoy es reproducir lo que sabemos y transmitirlos a quienes nos sucederán, pero esto es un rayo que nos parte a la mitad”, expresó.
El “edadismo” en la Ley no rige para ministros y legisladores
Esta ley excluye el mencionado “edadismo” a los legisladores (diputados y senadores) y ministros.
El porqué de ello es lo que cuestionan distintos actores.
“Ley pareja no es dura y como ellos hacen la ley, se excluyen de la misma”, comentó el reconocido astrónomo chileno, José Maza, refiriéndose a senadores como José Miguel Insulza, Francisco Huenchumilla y Jorge Soria, que serían obligados a dejar sus cargos si la norma los tocara.
La justificación sería que al no estar regidos por el estatuto administrativo, y al ser elegidos por mandato popular, los legisladores quedan fuera de la controvertida norma.
Maza, premio nacional de ciencias exactas de Chile, conversó también con La Radio desde su escritorio, donde se encuentra escribiendo un nuevo libro a sus 77 años.
El académico habló de la “cultura de obsolescencia” que existe en Chile, asegurando que se da por sentado que a mayor edad, menor productividad y eficiencia, y “ese no siempre es el caso”.
“Es una política con la que nos quieren mandar el cementerio”, sentenció.
Y agregó: “(…) Si uno está disfrutando de lo que hace, no veo ni una razón (para retirarse), porque no me imagino viendo televisión todo el tiempo. Van a empezar a dar un estímulo para irse al cementerio”, remarcó.
Son en total 2.206 las personas que a diciembre se contabilizaban con más de 75 años y que tendrían que dejar de ser funcionarios públicos.
Instituciones como las 16 universidades estatales cuentan con 360 funcionarios y académicos que superan esa edad.
La propia rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, cuyo primer periodo acabará el próximo año, en 2027 tendrá 77 años.
Por último, Eduardo Toro, director ejecutivo de Conecta Mayor UC, apuntó que se trata de una Ley que ignora que la población en Chile envejece cada vez más.
“Resulta paradójico”, señaló, que las estadísticas reflejen a un país “que envejece aceleradamente y que, en paralelo, se esté legislando en contra de esa población”, refutó.
Conforme al último Boletín Coyuntural de Estadísticas Vitales, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), hubo un total de 12.827 nacimientos en enero de 2025, marcando una caída de 9,8% respecto a enero de 2024.
