Este jueves se realizó la ceremonia de promulgación del “corazón” del Pacto Fiscal del Gobierno: la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias (o antievasión).
Con la medida se pretende recaudar un 1,5% del PIB.
Eso sí, la Ley -desde que era proyecto- ha sido duramente criticada por quienes sostienen que la cifra de recaudación sería menor.
Sin embargo, las Pymes, el gran empresariado y la oposición se alinearon esta jornada, para asegurar que la nueva norma persiga la informalidad e “iguale la cancha” en materia de responsabilidades tributarias.
Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias
Se aprobó en el Congreso hace alrededor de un mes, pero recién hoy se publicó en el Diario Oficial.
La iniciativa, en palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel, significa “justicia” para Chile; y equiparar la cancha en el marco de las obligaciones que tienen todos los contribuyentes en nuestro país.
Una Ley que, por cierto, no estuvo libre de críticas a propósito de la visión de algunos expertos, que hablaban de lo que podría ser la sobreestimación del gasto ante la premisa de que el proyecto era una “sobre regulación de los formales”.
Al respecto, Marcel fue enfático en decir que esta Ley es transversal para quienes están tanto dentro como fuera del ojo del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Otro de los grandes avances que contiene la norma tiene relación con la regulación del uso de efectivo, la declaración de proveedores y el número de transferencias electrónicas.
Sobre este último punto existían dudas respecto de ciertos casos particulares en que un contribuyente recibe muchas transferencias sin necesidad de estar evadiendo impuestos.
Sobre eso el director del SII, Javier Etcheverry, aclaró varios puntos, entre ellos, que antes de programar una fiscalización, el Servicio considerará diferentes elementos de análisis.
En la misma línea, el SII ha sido enfático en indicar que si una persona realiza una actividad comercial, debe formalizarse, emitir boleta y pagar los impuestos que correspondan.
En tanto, el presidente del gran empresariado, Ricardo Mewes -uno de los más críticos respecto a lo que se pretende recaudar con la nueva Ley- valoró el trabajo previo que se dio en el Congreso y los diálogos con todas las partes, asegurando que es un gran incentivo para formalizarse.
Por último, otro punto que acumuló una serie de reparos tuvo que ver con la repatriación de capitales en el extranjero y el plazo para declararlos, que era muy acotado.
Marcel ya anunció que se ingresará un proyecto corto con discusión inmediata al Congreso para extender dicho plazo, que inicialmente iba a ser de apenas un mes.
