Un estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP) alertó sobre el alto costo económico de las trabas regulatorias en Chile, que frenan la inversión y limitan el crecimiento El estudio informó que cerca del 28% de las empresas en Chile reporta a la regulación como una barrera significativa para su crecimiento. Este porcentaje se eleva al 53% en el sector energía y al 36% en minería.
La compleja red de permisos y regulaciones en Chile está impactando seriamente la inversión y el crecimiento económico. Así lo reveló un reciente estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP), al calcular que el costo económico de la burocracia —lo que las empresas identifican como trabas regulatorias que inhiben su expansión— asciendió al 7,3% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a unos US$22 mil millones en 2022.
La investigación, elaborada por Nikolas Dejbord, consultor senior de Deloitte, y Gabriel Ugarte, investigador del CEP, expuso que las trabas regulatorias están provocando una pérdida de eficiencia en la economía, principalmente a través de la subinversión y la mala asignación de capital.
Según el análisis, si se lograra una reducción integral de estos obstáculos, el país podría elevar su tasa de crecimiento anual en 0,7 puntos porcentuales durante los próximos 10 años.
Minería y Energía: Sectores de más impacto
El estudio informó que cerca del 28% de las empresas en Chile reporta a la regulación como una barrera significativa para su crecimiento. Este porcentaje se eleva al 53% en el sector energía y al 36% en minería, dos pilares estratégicos para el desarrollo económico.
En el estudio, el costo de la permisología se desglosó en un 5,5% del PIB debido a la menor acumulación de capital —al elevar artificialmente los costos de inversión— y un 1,95% por mala asignación de recursos, donde empresas menos productivas absorben capital que debería destinarse a firmas más eficientes.
Reforma pendiente: la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales
El desafío de agilizar los procesos de aprobación ha sido recogido en la denominada Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), que el gobierno impulsa para reducir en hasta 70% los tiempos de tramitación de más de 380 permisos, sin rebajar los estándares regulatorios.
Aunque el proyecto representa un avance, el CEP advirtió que su enfoque sigue siendo fragmentado y deja fuera áreas clave como las autorizaciones ambientales. “El proyecto de ley, que se espera sea despachado en los próximos días, tiene importantes puntos débiles. En particular, uno de los más relevantes es su enfoque predominantemente sectorial, lo que limita la visión integral y las capacidades e influencia de la institucionalidad que implementará el nuevo sistema”, expuso el estudio.
