La banca manifestó su preocupación por la indicación aprobada la semana pasada en el marco de la discusión del Proyecto de Reconstrucción Nacional (megarreforma), que prohíbe el anatocismo, es decir, estipular el pago de intereses sobre intereses o capitalizarlos en cada vencimiento o renovación.
Desde el sector financiero advirtieron que la medida podría generar efectos no previstos sobre el ahorro, el acceso al crédito y el funcionamiento del mercado de capitales.
El gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), Luis Opazo, sostuvo que “la prohibición de capitalizar los intereses generará importantes efectos negativos en el acceso al financiamiento, el ahorro y el funcionamiento del mercado de capitales”.
A su juicio, impedir el uso del interés compuesto restringirá herramientas utilizadas habitualmente en la industria, como las repactaciones, los períodos de gracia y las cuotas flexibles.
“Al impedir el uso del interés compuesto, se restringen herramientas habituales como las repactaciones, los períodos de gracia y las cuotas flexibles, lo que podría encarecer el crédito formal y reducir las alternativas disponibles para familias y pequeños emprendedores”, comentó Opazo.
Por ello, afirmó que resulta necesario revisar las consecuencias “y buscar una solución que proteja a las personas sin afectar la inversión, el ahorro ni el acceso al crédito”.
BancoEstado alerta impacto en millones de ahorrantes
La discusión cobra especial relevancia para BancoEstado, que administra cuentas de ahorro de cerca de 14 millones de clientes. De ellos, más de siete millones mantienen cuentas de ahorro para la vivienda, mientras que la entidad también gestiona más de 425 mil depósitos a plazo renovables.
En conjunto, estos instrumentos representan aproximadamente $20 billones, cuyos rendimientos “dependen de la capitalización de intereses”.
Según cifras del banco, durante 2025 se capitalizaron $100 mil millones en intereses y reajustes de las cuentas de ahorro para la vivienda. Esos recursos, agregan desde la institución, posteriormente financian proyectos de miles de familias y empresas.
Asimismo, BancoEstado participó durante ese período en cerca del 60% del flujo de créditos hipotecarios con garantías y subsidios estatales y mantiene más de $17 billones en financiamiento para Pymes y empresas, configurando un mecanismo que conecta el ahorro de las personas con el financiamiento de la economía.
En ese contexto, el presidente de BancoEstado, Mario Farren, advirtió que la iniciativa podría terminar afectando precisamente a quienes apuntaría a beneficiar.
“Esta ley que, buscando proteger a los deudores, prohíbe estipular el pago de intereses sobre intereses ni capitalizarlos en cada vencimiento o renovación, termina perjudicando a quienes quieren ahorrar, reduciendo la rentabilidad de sus depósitos, desincentivando el ahorro nacional y encareciendo el financiamiento de viviendas, personas y Pymes”, señaló.
Farren añadió que la prohibición también podría tener efectos sobre la inclusión financiera y quienes utilizan instrumentos financieros básicos.
“(…) Si el interés compuesto deja de premiar el ahorro, disminuye el incentivo al mismo y encarece el crédito, abriendo paso a la informalidad”, complementó.
Y explicó: “Quienes más lo resentirán no serán los grandes inversionistas que cuentan con sistemas de inversión más sofisticados o que pueden elegir otros mercados, sino quienes dependen de productos simples para ahorrar y financiar su vivienda. Es necesario rechazar esta indicación, sin precedentes en Chile”.
Cuestionamiento al “derecho al olvido”
En el mismo debate, Opazo también abordó la propuesta conocida como “derecho al olvido”, que contempla la eliminación de registros de deudas impagas o extinguidas.
El gerente general de la ABIF dijo que esa medida reduciría la información disponible para evaluar el riesgo financiero de los solicitantes de crédito.
Eso, explicó, “dificultaría el desarrollo de productos crediticios, limitaría la capacidad de supervisión y podría traducirse en mayores restricciones o costos para quienes buscan financiamiento”.
Por todo, concluyó que una menor disponibilidad de información “no necesariamente favorece la inclusión financiera y, por el contrario, puede terminar excluyendo del sistema formal a quienes presentan menos antecedentes para acreditar su comportamiento de pago”.
