Un “desafío estructural para el desarrollo del país” fue calificado el avance de las economías ilícitas en Chile, en el contexto de una investigación e informe de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y sus gremios adheridos sobre el impacto económico del crimen organizado.
La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, remarcó que estas actividades ilegales constituyen una amenaza estructural, dado que afectan varios frentes simultáneamente: la seguridad, la inversión, el empleo y la recaudación fiscal.
Así también lo han remarcado tanto organismos privados e internacionales, quienes reiteran que el crimen organizado también afecta los niveles de confianza en las instituciones y eleva los gastos en seguridad.
Por ejemplo, un estudio del Bci señaló que si la delincuencia se hubiera contenido a niveles de 2016 -desde el tercer trimestre de ese año se registró un punto de inflexión al alza- el crecimiento promedio de la última década hubiera sido del 2,6% en vez del 2,0%.
El “círculo vicioso” de la economía ilícita en Chile
Primero, el informe del gran empresariado entrega una definición de economía ilícita:
“Sistemas económicos paralelos, estructurados y operados por organizaciones criminales, que abarcan todas las etapas de la cadena de valor: producción, distribución, comercialización, financiamiento y lavado de activos. Su expansión se basa en la explotación de brechas regulatorias, debilidades en los sistemas de fiscalización y marcos sancionatorios insuficientes, lo que facilita su escalamiento, diversificación y consolidación“.
*Fuente: CPC
Estas fueron divididas en tres ejes: el primero de ellos el comercio ilícito y contrabando, afectando a sectores como la cosmética; aseo y desinfección, industria agroquímica; el sector de medicamentos, tabaco, telecomunicaciones, automotriz y supermercados.
El segundo abarca las finanzas ilícitas con créditos informales, fraude financiero y luego ilegal. Finalmente, están los ilícitos en materias primas, impactado la pesca y agricultura, el sector silvoagropecuario y la minería.
Pero todas comparten una característica en común: configurar un círculo vicioso de tres etapas “que se retroalimentan y consolidan un sistema criminal estable”.
“Con un punto inicial, intermedio y final, se construyen mercados que dejan atrás la estacionalidad, se adaptan a las debilidades del Estado, explotan oportunidades económicas, aprovechan las necesidades de las personas y utilizan herramientas similares a las del emprendimiento formal”, advierte el informe, disponible al final de este artículo.
Primero: origen del producto ilícito
Primero, las organizaciones criminales, con coordinación, financiamento y reparto de funciones, utilizan distintos tipos de mecanismos para obtener de forma ilícita sus productos.
Una opción es diretamente el robo, afectando a, por ejemplo, la minería; cargamentos de madera, salmonicultura, pesca, telecomunicaciones, agroquímicos, ganadería y vehículos. Otra alternativa es ingresar artículos de forma ilegal, sea por contrabando o rotulación fraudulenta. Aquí destaca la afectación a la industria del tabaco, alimentos, fármacos, aseo y cosmética.
Como tercera vía está la falsificación, particularmente medicamentos, cosméticos, artículo de aseo y conservas de productos del mar. Finalmente, está la explotación ilegal de recursos regulados, como ocurre en la pesca.
Según la CPC, cada sector tiene sus propios desafíos, pero de manera transversal se aprecia una “debilidad en el control fronterizo y en la trazabilidad documental”, junto a una “insuficiente capacidad técnica para detectar rotulados falsos o adulteraciones”, y “falencias en la fiscalización del origen legal de productos y en el control de patentes y permisos”.
Segundo: acopio y transporte
Tras la obtención ilícita de un bien, ahora toca guardarlo o moverlo, y ahí es donde toma parte “el núcleo operativo del mercado ilícito”, con procesos de acopio y bodegaje junto con transporte y distribución.
Para ello, se emiten documentos fraudulentos, se crean empresas fachada y utilizan facturas y guías de despacho falsas, todo para dar una imagen de “legalidad a las operaciones. En este sentido, la investigación del gran empresariado apunta la figura del intermediario como alguien que “blanquea” el producto, insertándolo en el mercado formal o de exportación.
Por esto, algunos de los organismos con más desafíos al respecto son el Servicio de Impuestos Internos (SII, que hace un tiempo renovó los controles a camiones de carga en el peaje Angostura), el Instituto de Salud Pública, municipalidades y autoridades sectoriales que puedan compartir información y fiscalizar según sus atribuciones.
Tercero: venta y lavado de activos
Por último, las organizaciones criminales se encargan de tanto la venta como lavado de los dineros. En lo primero, se observó una amplia presncia de canales físicos como ferias y comercio informal, pero también una “rápida expansión de canales digitales, plataformas y aplicaciones”.
Y para el lavado de activos, se destacó a su vez el uso de empresas fachadas de venta de servicios, pero también movimientos digitales y transferencias electrónicas, criptomonedas -más difíciles de rastrear- y sectores de alta circulación de efectivo. En este último punto, rubros vinculados al juego pueden servir tanto como economía ilícia y también para lavar dinero.
Tras todo este proceso, el crimen organizado o grupos dedicados a actividades económicas ilícitas terminan contando o con recursos ya insertos en el sistema o dineros lavados y difícilmente rastreables -y que, obviamente, no pagan impuestos ni están sujetos a control- lo que vuelve a las actividades delictivas sumamente rentables y sigue sustentando así este círculo vicioso.
Según la CPC, en este tercer punto tanto el SII como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio Público son críticas “para desarticular no solo el delito base, sino también su rentabilidad”.
