La demanda está dirigida contra el Sindicato Nacional N°2, dirigentes y el abogado que asesoró a la organización durante el conflicto.
La disputa entre Finning Chile y su Sindicato Nacional N°2 no terminó con el acuerdo que puso fin a la huelga en enero. Durante la paralización, la empresa llevó los bloqueos a sede penal y, meses después, abrió un segundo frente en tribunales al presentar una demanda civil por $774,7 millones contra la organización sindical, cinco dirigentes y el abogado que asesoró al sindicato. Así lo analizó un reciente artículo en Diario Financiero.
El conflicto comenzó el 20 de enero, cuando se inició la huelga legal luego de que fracasaran las conversaciones entre Finning (proveedora de equipos y servicios para la minería) y sus trabajadores. Según los antecedentes expuestos por la compañía en los tribunales, incluso antes de la hora fijada para el inicio de la paralización ya existían dificultades para ingresar a sus instalaciones en el sector La Negra, en Antofagasta.
Durante esa jornada, Finning sostiene que manifestantes bloquearon los accesos a sus centros logísticos y de reparación, lo que afectó directamente a las operaciones de la minera Escondida, operada por BHP.
De acuerdo con la empresa, las obstrucciones se extendieron durante casi una semana y afectaron sus operaciones y los servicios comprometidos con clientes mineros.
De los bloqueos a la vía penal
Dos días después del inicio de la huelga, el 22 de enero, Finning presentó una querella ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta contra quienes resultaran responsables de los hechos. La empresa pidió investigar eventuales delitos relacionados con los impedimentos de acceso a instalaciones industriales y los cortes de caminos, invocando la Ley de Seguridad del Estado. La querella fue declarada admisible el 26 de enero y remitida a la Fiscalía. El expediente permanece en tramitación y, según los antecedentes de la causa, no ha sido archivado.
La acción penal fue el primer frente judicial abierto por la compañía. Meses después, Finning presentó una demanda ante el 4° Juzgado Civil de Antofagasta, explica el artículo de DF, esta vez con el objetivo de obtener una compensación económica por los perjuicios que atribuye a los bloqueos ocurridos durante la huelga.
La demanda está dirigida contra el Sindicato Nacional N°2 y los dirigentes Germán Barahona, Alejandra Espinosa, Hugo Escobar, Víctor Daza y Lucio Chamaca. También incluye al abogado Rodrigo Sandoval, quien asesoró a la organización durante el conflicto.
El reclamo por $774,7 millones
La principal partida de la demanda está relacionada con Escondida. Finning sostiene que los efectos de la paralización y de los bloqueos generaron impactos logísticos y operacionales que fueron imputados por la minera a la compañía.
Según los antecedentes de la demanda, Escondida le habría cobrado US$379 mil a Finning por esos efectos, monto que la empresa calcula en $336,8 millones y que, según sostiene, fue descontado de sus estados de pago. A esa suma, Finning agrega $97,6 millones en gastos asociados a la contingencia. Entre ellos incluye, según la demanda, la contratación de un helicóptero para trasladar personal.
La compañía también reclama $300,3 millones por pérdida de productividad y otros $40 millones por el daño reputacional que asegura haber sufrido como consecuencia de los hechos.
En total, la empresa exige $774,7 millones, además de reajustes e intereses.
Disputa sobre la responsabilidad
Antes de que el tribunal entre a discutir el monto de los perjuicios, las partes mantienen una controversia sobre la competencia para conocer el conflicto y sobre la responsabilidad que podría atribuirse a los demandados.
La defensa del sindicato sostiene, según se plantea en DF, que los hechos ocurrieron en el contexto de una negociación colectiva y que corresponde a la justicia laboral determinar su calificación. Además, ha cuestionado que la demanda precise suficientemente qué conducta concreta atribuye Finning a cada uno de los demandados y de qué manera esas actuaciones se relacionarían con los perjuicios reclamados.
La empresa, por su parte, sostiene que los bloqueos excedieron el ejercicio del derecho a huelga y que provocaron daños económicos que pueden ser objeto de una acción indemnizatoria.
La discusión todavía está pendiente. El 15 de septiembre, el sindicato acompañó a la causa civil copias de los expedientes laboral y penal y objetó, por extemporánea, la lista de testigos presentada por Finning.
Finning, en tanto, solicitó que el abogado Rodrigo Sandoval, uno de los demandados, fuera citado personalmente a declarar y presentó un pliego de preguntas para el dirigente Germán Barahona.
Efectos sobre Escondida
Uno de los elementos centrales de la demanda es el impacto que Finning atribuye a los bloqueos sobre sus relaciones con clientes mineros. La compañía sostiene que las obstrucciones afectaron los servicios que tenía comprometidos y que, en el caso de Escondida, esos efectos terminaron traduciéndose en un descuento de los estados de pago.
Así, el conflicto dejó de estar circunscrito a la relación entre Finning y sus trabajadores y pasó a involucrar también las consecuencias operacionales que la empresa atribuye a la movilización y los costos que, según su versión, debió asumir frente a sus clientes.
Disputa judicial continuada
La huelga legal comenzó a las 8:00 horas del 20 de enero y terminó cinco días después, el 24 de enero, tras una mediación voluntaria de la Dirección del Trabajo.
El acuerdo contempló un bono de término de conflicto de $14,5 millones, un aumento de $105 mil en el sueldo base, la homologación de beneficios y el pago de los días de huelga. Las operaciones se retomaron el lunes 26 de enero.
El acuerdo puso fin a la paralización y a la negociación entre la empresa y el sindicato, pero no cerró las controversias derivadas de los hechos ocurridos durante esos días.
La causa penal continúa en tramitación y, en paralelo, la demanda civil por $774,7 millones mantiene abierta la disputa entre Finning, el sindicato, sus dirigentes y el abogado que los asesoró. El resultado de esta última acción deberá determinar, entre otros aspectos, si los perjuicios que la empresa reclama pueden ser atribuidos jurídicamente a los demandados y si corresponde que sean indemnizados.
