Ricardo Díaz planteó que agilizar la inversión minera requiere reforzar las capacidades del Estado y, particularmente, de los Tribunales Ambientales, para entregar respuestas oportunas a los proyectos.
Con más de 1.300 asistentes, entre autoridades, expertos y representantes de la pequeña, mediana y gran minería, se realizó la primera edición de la Cumbre de la Minería Sonami 2026. El encuentro tuvo como uno de sus principales ejes la necesidad de reimpulsar la inversión, abordar los desafíos regulatorios que enfrenta el sector y fortalecer el liderazgo de Chile en la industria minera regional.
La jornada fue inaugurada por el presidente de Sonami, Jorge Riesco, junto al Presidente de la República, José Antonio Kast, y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas. En su intervención, Riesco advirtió sobre la paradoja que enfrenta actualmente el sector: mientras las exportaciones y el precio del cobre se encuentran en niveles históricamente altos, la producción permanece estancada y la actividad y el empleo han retrocedido.
La dimensión territorial de este desafío fue abordada posteriormente en la sesión “Minería después de la minería: nuevos desafíos y oportunidades territoriales”, incluyó un panel en el que participaron los gobernadores José Miguel Carvajal, de Tarapacá; Ricardo Díaz, de Antofagasta; Miguel Vargas, de Atacama; y Cristóbal Juliá, de Coquimbo.
La conversación puso sobre la mesa la necesidad de vincular el desarrollo de nuevos proyectos mineros con las prioridades de las regiones, desde la generación de empleo y el fortalecimiento de proveedores locales hasta la capacidad institucional de los territorios para acompañar y agilizar las inversiones.
Díaz apunta a los Tribunales Ambientales: “Hay un tema que se tiene que destrabar”
Tras el panel, el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, puso el foco en uno de los factores que, a su juicio, está incidiendo en los tiempos de desarrollo de los proyectos: la capacidad del Estado para procesar oportunamente la tramitación y resolución de iniciativas de inversión.
“Hay un tema estructural del Estado y lo dijo acá el presidente de Sonami. Cuando hay pocos fiscalizadores que no dan abasto para la gran cantidad de proyectos que tú tienes, eso entrampa los proyectos y entrampa los permisos, necesitamos más funcionarios”, afirmó.
En ese contexto, Díaz sostuvo que el desafío no se limita a los organismos encargados de los permisos, sino que alcanza también a la institucionalidad encargada de resolver controversias ambientales. “Nosotros levantamos el Tribunal Ambiental en la Región de Antofagasta, fue una lucha ambiental para agilizar esos procesos. Y ahí hay un tema que se tiene que destrabar, hay que fortalecer las capacidades de estos tribunales para que den respuesta rápida”.
Para el gobernador, esta capacidad institucional cobra especial relevancia considerando el peso que tiene Antofagasta en la producción de minerales críticos. “Y la Región de Antofagasta saca el 60% de la producción de cobre y el 100% de la producción de litio. La región juega un rol clave en el desarrollo de los minerales críticos para las nuevas tecnologías que se requieren en el futuro. Estamos conscientes de esa capacidad y estamos haciendo todo lo que podemos para agilizar esas inversiones”.
La autoridad explicó que, a nivel regional, se ha buscado abordar simultáneamente la agilización de inversiones y su impacto territorial mediante una Estrategia Regional Minera.
Díaz vinculó, además, el funcionamiento de los Tribunales Ambientales con la necesidad de construir una relación más estrecha entre los proyectos y las comunidades donde se desarrollan.
“En la medida en qué la minería dé respuesta a las capacidades del territorio y el territorio no la vea lejana de su propio desarrollo podemos ir terminando con esta sensación de tanto cuestionamiento y tanta demanda a la minería. Finalmente, cuando la minería se compromete con el territorio, el territorio responde apaciblemente. Mientras veamos que la minería no se compromete con el territorio, va a haber siempre grupos que van a utilizar la dinámica de los tribunales ambientales para impedir el desarrollo de los proyectos. Por eso tiene que haber una conciliación, y hay que fortalecer la capacidad de los tribunales para que den respuesta más rápida”, concluyó.
