El debate sobre el secreto bancario volvió a tomar protagonismo en la agenda pública luego de que se conocieran antecedentes de la denominada Operación Tokio, investigación que dejó al descubierto vínculos entre un ejecutivo del Banco Santander y el Tren de Aragua. En este contexto, este jueves el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dio a conocer que se trabaja en una propuesta relacionada con la materia.
Mientras se conocen mayores antecedentes sobre la iniciativa anunciada por el jefe de la cartera, en el Congreso continúa la discusión del proyecto que crea el Sistema de Inteligencia Económica y que aborda el alzamiento del secreto bancario por vía administrativa. Lo anterior, como parte de las medidas para la prevención y alerta de actividades que tengan relación con el crimen organizado (Boletín 15975-25).
Aunque el proyecto fue ingresado en 2023, la falta de consenso político sobre este punto ha generado demoras en su tramitación. Mientras que las bancadas de oposición (Frente Amplio, PC, PS, PPD) apuestan por su aprobación urgente para frenar la “ruta del dinero”, el Gobierno y partidos oficialistas (como Republicanos) defienden que el levantamiento debe seguir siendo exclusivamente por vía judicial.
Después de su tramitación este miércoles en el Senado, el proyecto pasó a Comisión Mixta, y quedó pendiente la votación de la disposición que permitiría a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) solicitar directamente a los bancos información protegida por secreto bancario, sin necesidad de una autorización judicial previa. Debido a esto, la definición sobre esta facultad administrativa quedó postergada para ser resuelta en la siguiente sesión ordinaria del martes 9 de junio.
¿Qué propone el proyecto sobre el secreto bancario?
La iniciativa de ley apunta al levantamiento del secreto bancario por vía administrativa, permitiendo el acceso a datos financieros sin previa autorización judicial para casos específicos. Lo anterior, como una facultad excepcional de la UAF.
El objetivo central de este mecanismo es permitir un análisis más preciso y rápido de la “ruta del dinero” para mejorar la persecución del crimen organizado y el lavado de activos. En concreto, la UAF podrá requerir información sujeta a secreto bancario de forma directa y sin autorización judicial previa únicamente cuando se trate de:
• Operaciones realizadas por personas jurídicas.
• Operaciones que involucren a funcionarios públicos.
• Operaciones que hayan sido reportadas inicialmente por un banco a través de alertas de sospecha.
Para ejercer esta atribución, la información solicitada debe ser estrictamente necesaria para desarrollar o completar el análisis de una o más operaciones sospechosas que hayan sido reportadas previamente y que se vinculen con delitos bajo la competencia de la UAF. En estos casos, la institución bancaria estará obligada a proporcionar la información requerida.
Para todos los demás casos que no se ajusten a las tres causales mencionadas, se mantiene la exigencia de una autorización judicial.
Otro de los desacuerdos principales durante la discusión del miércoles fue la desestimación de una norma que limitaba el levantamiento del secreto bancario únicamente a investigaciones de asociaciones criminales (grupos de tres o más personas). El objetivo de este rechazo es que, en la instancia de Comisión Mixta, se logre ampliar esta facultad para incluir a individuos que actúan solos, conocidos como “lobos solitarios”.
El Sistema de Inteligencia Económica
Aunque el levantamiento del secreto bancario por sede administrativa es un eje clave del proyecto, este también contempla otras medidas para combatir el crimen organizado. Tal como indica su nombre, el proyecto establece un sistema de colaboración entre tres organismos clave del Ministerio de Hacienda: la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas.
Estas instituciones podrán compartir datos y requerir antecedentes entre sí y a otros órganos del Estado para detectar movimientos irregulares. Además, se crean Unidades de Inteligencia y Análisis Económico específicas dentro del SII y de Aduanas para mejorar la investigación de operaciones sospechosas.
En materia de gobernanza y control se crea un Comité de Coordinación, Prevención y Seguridad, presidido por el director de la UAF, para definir lineamientos estratégicos y protocolos de contrainteligencia.
De aprobarse las disposiciones del proyecto, la UAF deberá publicar anualmente información agregada sobre cuántas veces ejerció la facultad de levantar el secreto bancario y remitir estos antecedentes al Congreso. En esa línea, se aumentan las penas por violación del deber de secreto para los funcionarios del sistema y se les exige dar acceso a su propia información bancaria como medida de contrainteligencia.
